La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha solicitado a la comunidad autónoma que sancione por vía administrativa a otras diez empresas agrícolas y ganaderas por daños medioambientales relacionados con vertidos al Mar Menor, siguiendo el mismo procedimiento ya iniciado en 2024 contra otra decena de compañías.
El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, informa que esta medida busca agilizar la restauración ambiental, al actuar por vía administrativa en paralelo a las vías penales. “Se ha solicitado de nuevo intervención de la comunidad autónoma por la vía administrativa (…) sin necesidad de tener que esperar a que finalicen los procedimientos penales”, indicó.
Según indica la memoria anual de la Fiscalía, durante 2024 abrió diligencias penales por 217 delitos vinculados al medio ambiente y el urbanismo, lo que representa el 34,83% del total de investigaciones iniciadas ese año. En este campo se han dictado 42 sentencias, de las que 35 fueron condenatorias.
En cuanto al Mar Menor, Díaz Manzanera destaca que el año pasado se produjo en Cartagena la primera sentencia condenatoria mediante acuerdo de conformidad, contra una empresa que operaba una desaladora ilegal y vertió sus residuos a la laguna. La compañía admitió un delito medioambiental por imprudencia grave.
Este jueves se está celebrando en Cartagena un juicio similar contra otra empresa agrícola. A lo largo de 2024, la Fiscalía ha presentado cuatro acusaciones por vertidos, ha incoado 36 diligencias previas y ha presentado acusación en 10 de ellas, mientras que ha solicitado archivar cuatro.
En paralelo al proceso judicial, se pidió a la administración regional que sancionara por la vía administrativa a otras 10 empresas agrícolas, exigiendo medidas de restitución y restauración. Todas fueron sancionadas, pero la mayoría han recurrido en la jurisdicción contenciosa.
La estrategia responde a la responsabilidad objetiva de las empresas implicadas, lo que permite sancionar independientemente del resultado de los procesos penales.
Además, la Fiscalía destacó acusaciones abiertas por ruidos de equipos de refrigeración, camiones y cámaras frigoríficas, así como dos procedimientos por electrocución de aves.
Respecto a la seguridad laboral, la Fiscalía tramitó en 2024 un total de 8 casos por homicidio imprudente en el trabajo (dos más que en 2023), y 1.380 por lesiones imprudentes, frente a 896 casos en 2023. Se dictaron 9 sentencias en este ámbito, de las que 7 fueron condenatorias.