El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ultima la ejecución de más de 2.400 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, dirigidos a proyectos de movilidad urbana sostenible, con el objetivo de reducir emisiones y promover entornos urbanos adaptados al tránsito peatonal, ciclista y al transporte público electrificado.
Según ha informado el Ministerio este viernes, los fondos se han distribuido a través de tres canales: administraciones locales, comunidades autónomas y actuaciones directas del propio Ministerio mediante la Dirección General de Carreteras.
En dos convocatorias realizadas en 2022 y 2023, un total de 203 ayuntamientos y entidades supramunicipales recibieron 1.500 millones de euros. De ese total, unos 700 millones ya se han invertido en 492 proyectos finalizados. No obstante, 24 municipios renunciaron finalmente a las ayudas, lo que deja en 179 el número de entidades que han completado o siguen ejecutando 987 proyectos.
Las comunidades autónomas recibieron 900 millones en 2021. Esta cantidad se repartió según criterios poblacionales acordados en la Conferencia Sectorial del Transporte. Con estos fondos, las autonomías han ejecutado 182 proyectos, de los cuales 91 ya han finalizado.
Entre las actuaciones destacan inversiones en electrificación de infraestructuras, mejora del metro, tranvía y metro ligero, así como la renovación de flotas de transporte público.
A través de la Dirección General de Carreteras, el Ministerio ha invertido 117 millones en 33 municipios para adaptar travesías de titularidad estatal, construyendo carriles bici, senderos peatonales y otras infraestructuras destinadas a reducir la intensidad del tráfico rodado.
Distribución de fondos según tipo de actuación
La distribución de los fondos para movilidad sostenible se ha estructurado en diversas líneas de actuación. Se destinaron 830 millones de euros a fomentar la movilidad activa, como carriles bici, peatonalización, accesibilidad y servicios de alquiler de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), de los cuales 153 ayuntamientos recibieron 624 millones para construir 304 km de carril bici, mientras que las comunidades autónomas ejecutaron 391 km adicionales con 205 millones.
Además, 145 millones se dedicaron a la implantación de zonas de bajas emisiones en 80 municipios. Para reducir la intensidad del tráfico, se asignaron 288 millones a 208 proyectos, incluyendo aparcamientos disuasorios, intermodalidad y distribución urbana de mercancías.
En cuanto al transporte público, se invirtieron más de 550 millones: 92 millones gestionados por ayuntamientos y 458 millones por CCAA, en proyectos ferroviarios como electrificación, adquisición de material rodante o conexión de redes.
La electrificación y renovación de flotas absorbió 271,4 millones, de los cuales 203 millones fueron a flotas municipales y 68,4 millones a sustituir vehículos pesados; adicionalmente, el Ministerio transfirió 67,5 millones a cinco CCAA para adquirir 64 vehículos eléctricos pesados.
Por último, la digitalización del transporte público recibió 202,5 millones, con 83 millones destinados por 34 ayuntamientos a apps de planificación, ticketing y marquesinas inteligentes, 65 millones utilizados por 9 comunidades autónomas para digitalización general, y otros 50 millones para sistemas relacionados con el vehículo privado, como aplicaciones de aparcamiento o control de calidad del aire.