El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado a favor de mantener la mayor parte de la directiva europea sobre salario mínimo, desestimando el recurso presentado por Dinamarca, apoyado por Suecia, que cuestionaba la validez de la norma por considerar que suponía una injerencia directa en la fijación de salarios y en los derechos de asociación y sindicación.
La normativa, adoptada en 2022, establece medidas para que los países con salario mínimo fijado por ley lo sitúen en niveles decente y actualizado, y que en los Estados donde se determina mediante negociación colectiva, cubra a la mayoría de los trabajadores. La directiva no establece un salario mínimo común para los 27 Estados miembros.
El TJUE precisó que la exclusión de competencias de la UE sobre remuneraciones no se aplica a todas las cuestiones relacionadas con los salarios. Según el tribunal, limitar la acción europea en este ámbito vaciaría de contenido algunas de sus funciones de apoyo a los Estados en materia de condiciones laborales.
El tribunal identificó dos injerencias que deben eliminarse: la disposición que enumeraba los criterios obligatorios para fijar y actualizar los salarios mínimos y la norma que impide la disminución de estos cuando están sujetos a indexación automática. En todo lo demás, el recurso de Dinamarca fue rechazado.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebró la sentencia, aunque señaló que la eliminación de los criterios de evaluación y la limitación a la reducción de salarios genera un vacío normativo. La secretaria general de la CES, Esther Lynch, indicó «Esta sentencia confirma que la Directiva sobre el Salario Mínimo se mantiene firme: la UE puede y debe actuar en pro de salarios justos.
El núcleo de la Directiva permanece intacto, incluidos los umbrales de decencia del 50% y el 60%. Sin embargo, al suprimir el artículo que explicaba cómo medir la adecuación, el Tribunal ha dejado aún más claro que necesitamos normas más sólidas y exigibles para que la remuneración justa sea una realidad», e instó a la Comisión Europea a presentar «de inmediato una recomendación para apoyar la aplicación de la Directiva».