España deberá incorporar 2,4 millones de personas al mercado laboral durante los próximos diez años para mantener su nivel de actividad económica, y la mayoría de esos nuevos trabajadores serán personas migrantes, de acuerdo con el informe Realidad migratoria en España elaborado por el Consejo Económico y Social (CES).
El estudio, presentado por el presidente del organismo, Antón Costas, a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, advierte de que el descenso de la población autóctona en edad de trabajar hará “esencial” la aportación migrante para cubrir la demanda laboral y sostener el crecimiento económico.
Ocho de cada diez personas llegadas a España en lo que va de siglo se han incorporado a la población activa. “El modelo migratorio español genera prosperidad compartida (…). Nuestra política migratoria es reconocida en Europa y fuera de ella como ejemplo de equilibrio, eficacia y humanidad”, señaló Saiz durante la presentación.
Costas destacó que “desde 2019 el ciclo inmigratorio ha entrado en una fase más madura” y que, tras el pico de 2024, el ritmo de crecimiento se ha moderado. Añadió que los efectos de la inmigración sobre el empleo, la productividad y la demografía “están siendo muy positivos”, impulsados por las reformas del Reglamento de Extranjería de 2022 y 2024.
La población migrante ya representa una quinta parte y sostiene el sistema laboral
El informe indica que la población migrante supone una quinta parte de los residentes en España y es “esencial” para mantener el empleo y las pensiones. Según los datos de la Seguridad Social, los trabajadores extranjeros representan el 7,4% de los afiliados en Asturias, el 10,4% en Castilla y León y el 7,1% en Galicia, regiones con fuerte envejecimiento demográfico.
En total, más de 3,1 millones de personas extranjeras están afiliadas actualmente en España, un millón más que en 2018. Las mujeres migrantes ya suponen el 43% del total, con 1.335.794 afiliadas.
Desde 2019, tres de cada cuatro nuevos empleos creados en el país han sido ocupados por personas migrantes. En el último año, el empleo extranjero en Régimen General ha crecido un 7,3%, y los autónomos extranjeros han alcanzado 494.246 personas, máximo histórico (+6,6%). Los empleos de alta cualificación han aumentado un 27% en el sector de información y comunicaciones y un 18,8% en profesiones científicas y técnicas.
El CES concluye que, ante el envejecimiento y la reducción de la población activa autóctona, España deberá planificar políticas de integración y empleo que faciliten la llegada y retención de trabajadores migrantes para mantener su dinamismo económico y demográfico.