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jueves, 13 de noviembre de 2025

El Congreso no congela las tasas de Aena y pide a Renfe ampliar por ley las indemnizaciones por retraso

La Ley de Movilidad Sostenible remodela el mapa concesional de autobuses y elimina la posibilidad de revisar las etiquetas de la DGT

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El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves congelar las tasas aeroportuarias de Aena en 2026 y ha exigido que Renfe recupere por ley las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos que eliminó en julio de 2024.

En concreto, se trata de dos medidas que el PP introdujo en forma de enmienda en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible y que el Congreso ha votado en su sesión plenaria para decidir su inclusión definitiva en el texto que publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La congelación de las tasas de Aena no ha conseguido prosperar porque el PP sólo ha sumado el apoyo de Vox, mientras que los partidos del Gobierno (PSOE, Sumar), Junts, ERC, Bildu y PNV han votado en contra de la medida y el BNG se ha abstenido. De su lado, la enmienda que recupera la antigua política de indemnizaciones por retrasos ha salido adelante gracias al apoyo de Junts, ERC, Podemos y BNG y a pesar del voto en contra de PSOE y Sumar.

Mapa concesional de autobuses

Pero estas no han sido las únicas medidas que se han votado este jueves en el Congreso, pues el PP ha conseguido que se aprueban hasta catorce enmiendas que introdujo en el Senado y que finalmente se publicarán en el BOE con el resto de la ley.

Algunas de esas enmiendas que se han aprobado no contaban con el apoyo de los partidos del Gobierno, como la de eliminar la revisión de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) o la que deja sin cambios el mapa concesional de paradas de buses para garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del bus estatal en los pueblos.

Cuando salió del Congreso, la ley abrñia la puerta a modificar las paradas de autobuses previstas en el mapa concesional de autobuses en zonas, aunque sin eliminar aquellas que no tuvieran alternativa de transporte, y que en el caso de que las comunidades autonómas asumieran esos servicios por delegación del Estado, serían compensadas económicamente.

Ahora esa propuesta se ha modificado de tal modo que «el Gobierno de España garantizará las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales» en el mapa estatal. Asimismo, se ha eliminado la parte que fijaba que las paradas intermedias de los servicios de competencia estatal sean, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario correspondiente.

Descarbonización del transporte marítimo

Otra de las enmiendas aprobadas en la Cámara Baja y que se verán reflejadas en la ley de manera definitiva pasa por la puesta en marcha de un Plan Nacional para descarbonizar el transporte marítimo, aprovechando los ingresos del Sistema Europeo de Derechos de Emisión para que esos recursos se reinviertan en el propio sector, con el objetivo de modernizar puertos y flotas, fomentar el uso de combustibles limpios y reducir los costes energéticos.

De su lado, se han aprobado medidas para aprobar un plan de choque ante las incidencias ferroviarias, así como una enmienda para empezar a elaborar un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos.

Ese plan de choque extraordinario será en dos fases y tendrá como objeto paliar a corto y medio plazo las incidencias en el servicio de media y larga distancia, así como Cercanías y Rodalíes. En él se incluirá un cronograma, las medidas provinciliazadas y su coste, para ejecutar e incluir en el siguiente ejercicio presupuestario.

Puntos de recarga en municipios

A su vez, la ley regulará el desarrollo de un Plan Estatal para el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en municipios pequeños y medianos de menos de 30.000 habitantes con el fin de impulsar la electrificación del transporte por carretera.

Otro punto que se ha introducido a la ley modifica la Ley del Sector Eléctrico para que las estaciones de recarga que no requieran de declaración de utilidad pública ni evaluación de impacto ambiental sean sometidas a menos burocracia.

También queda reflejado que en el plazo de seis meses de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno tendrá que elaborar una estrategia de financiación del transporte público que presentará a la Conferencia Sectorial de Transportes; y un real decreto que desarrolle un mecanismo para la alimentación de consumos a través de redes de transporte con funciones de distribución.

Informa de los nudos de la Red

Al mismo tiempo, la ley recoge que a partir de este mismo sábado, 15 de noviembre, y cada cuatro meses, el operador del sistema deberá remitir a la Secretaría de Estado de Energía un informe que contenga un listado de los nudos de la red de transporte donde sea posible cambiar la finalidad de las posiciones ya existentes o previstas, o introducir posiciones en el plan de desarrollo de la red de transporte.

También se ha dado luz verde a una medida para que las administraciones competentes promuevan la implementación de servicios de transporte a la demanda y soluciones flexibles de movilidad en zonas rurales, adaptando la oferta de transporte a las características específicas de cada territorio y asegurando la sostenibilidad de los servicios mediante mecanismos de financiación pública.

De su lado, la ley dicta que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en coordinación con las comunidades autónomas, llevará a cabo un estudio de alcance nacional para seleccionar los tramos de la Red de Carreteras de alta intensidad viaria que requieren la construcción, adecuación o reserva de suelo para dar servicios de aparcamiento seguro a vehículos pesados de mercancías.

Ayudas al transporte en Canarias y Baleares

A su vez, se ha aprobado establecer un descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de Canarias y Baleares para el año 2026.

Por último, el Congreso ha aprobado una enmienda para que el Gobierno ponga en marcha un nuevo plan de convergencia para el acceso básico a la movilidad, de modo que se identifique y planifique la corrección de los desequilibrios territoriales, mediante inversiones o bonificaciones.

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