El 55% de los nuevos coches corporativos comprados en España a partir de 2030 tendrán que ser eléctricos o de bajas emisiones, según la propuesta para descarbonizar las flotas de vehículos de las empresas presentada por la Comisión Europea, que carga la responsabilidad del cumplimiento a los Estados miembros.
Así queda reflejado en la documentación anexa a la amplia iniciativa presentada este martes por el Ejecutivo comunitario dentro de un paquete legislativo para ayudar al sector de la automoción, que también suaviza los objetivos climáticos para los fabricantes y elimina el veto al motor de combustión en 2035.
Bruselas plantea en ese ajuste obligaciones para que las empresas, que adquieren el 60% de los coches nuevos de la Unión Europea, transiten hacia vehículos de cero emisiones.
El citado reglamento, que aún debe ser negociado con el Parlamento Europeo y con el Consejo de la UE (los países), se aplica sólo a empresas de más de 250 trabajadores y 50 millones de facturación, excluyendo a las pymes.
Las que cumplan esos requisitos, en el caso de España, tendrán que adquirir en 2030 un 55% de coches eléctricos o de bajas emisiones y un 36% de eléctricos puros (o de hidrógeno).
En 2035, el objetivo de bajas emisiones subirá al 76% y el de eléctricos puros al 64% como mínimo, según la propuesta de la Comisión, de forma que casi dos tercios de los turismos corporativos tendrán que ser de cero emisiones.
Además de impulsar las ventas de eléctricos, que progresan a menor ritmo del esperado, la propuesta del Ejecutivo comunitario pretende también generar un mercado de segunda mano de coches de cero emisiones.
Los Estados miembros tendrán que informar cada año a la Comisión Europea de las ventas y se expondrán a un procedimiento de infracción si no cumplen con los objetivos marcados, aunque la normativa no cuantifica las posibles multas. Bruselas, que descartó un modelo de cuotas obligatorias por empresa, ha establecido esa relación de esfuerzo para cada país en función del PIB per cápita de cada Estado.
De ahí que en 2030 la Comisión exija un 90% de vehículos eléctricos o de bajas emisiones flotas corporativas a Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia; y un 48% a Eslovaquia, Rumanía, Portugal, Polonia, Lituania, Letonia, Hungría, Grecia, Croacia y Bulgaria.
Entre medias quedan Alemania, país al que se le pedirá un esfuerzo del 83% en 2030, y Francia e Italia, que tendrán que alcanzar el 69% en 2030.
Furgonetas
En cuanto a furgonetas, la propuesta de la Comisión Europea aplica la misma lógica, pero con diferentes hitos.
En el caso de España, en 2030 tendrán que ser de bajas emisiones el 32% de las nuevas adquisiciones de vehículos profesionales ligeros y al menos el 29% puramente eléctricas.
El nivel subirá al 76% de furgonetas de bajas emisiones en 2035, con un mínimo del 64% de eléctricos (o de hidrógeno).
La propuesta también contempla que, desde dos años antes de que empiece a funcionar el sistema de objetivos, en 2028, los Estados miembros no podrán acordar ayudas fiscales a las compras de coches o furgonetas de empresa que no sean de bajas emisiones y deberán presentar al Ejecutivo un plan con las medidas que piensan aplicar para alcanzar sus metas.
Además, desde 2028 sólo podrán acordarse ayudas fiscales a los coches «Made in Europe», aunque la Comisión Europea aún debe precisar los criterios que debe cumplir un vehículo para obtener esa etiqueta.