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lunes, 12 de enero de 2026

Elevan a 370 los trabajadores de Sabic que podrían ser despedidos por el cierre de Lexan 1

Irán en los próximos días a Madrid para recabar el apoyo del Congreso | La Comunidad elaborará un plan de formación y recolocación de los afectados

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El presidente del comité de empresa de Sabic, Pascual Sánchez, ha calificado como “muy positiva” la reunión mantenida este lunes con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, por la implicación que va a tener el Gobierno regional en la defensa de los trabajadores ante el proceso de venta al fondo alemán Mutares.

Sánchez, en declaraciones a EFE, ha explicado que el Gobierno autonómico se va a implicar en las conversaciones con Sabic para que ponga en marcha un plan social para los trabajadores mayores de 50 años.

A su vez, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico va a elaborar un plan de formación y recolocación de los trabajadores afectados por el cierre.

Aunque todavía no hay confirmación por parte de Sabic, los trabajadores dan por seguro el cierre de la planta de Lexan 1, una de las dos que la multinacional saudí posee en su complejo industrial ubicado en la diputación cartagenera de La Aljorra.

Según Sánchez, Mutares no está interesado en mantener Lexan 1, pero no se ha pronunciado sobre el resto del complejo. Por ello, el presidente del comité de empresa estima que entre 350 y 370 trabajadores podrían estar afectados por el cierre de Lexan 1. “El resto no lo sabemos”, ha apostillado.

El plan de formación y recolocación también estaría pensado para los “miles de trabajadores de la empresa auxiliar” que en la actualidad prestan sus servicios a Sabic y podrían verse igualmente afectados por el cierre de Lexan 1, ha apuntado Sánchez.

Por el momento no hay una fecha cerrada para una nueva reunión, ya que los trabajadores irán en los próximos días a Madrid para recabar el apoyo de los diputados del Congreso.

Antes de comenzar la reunión, el presidente de la Región ha mostrado su “preocupación por la situación en la que quedan todos los trabajadores, pero muy especialmente aquellos amenazados con quedarse sin empleo».

“Vamos a ser muy exigentes y vamos a trabajar junto al comité de empresa para reivindicar y exigir que se mantengan esos puestos de trabajo”, ha subrayado López Miras, quien ya ha exigido a Sabic un plan de recolocación pues “no pueden destruir puestos de trabajo y dejar a los trabajadores de Cartagena en la calle».

Han asistido también a la reunión, que ha tenido lugar en el Palacio de San Esteban, en Murcia, la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien ha trasladado a los trabajadores un mensaje de seguridad y acompañamiento, subrayando que la prioridad del Gobierno municipal es evitar la destrucción de puestos de trabajo.

«Estamos hablando de un empleo estable, de calidad y muy cualificado. Nuestra exigencia a la empresa es que no se destruya empleo y que, en el caso de que se lleve a cabo una regulación, se respete un plan social que permita a los trabajadores seguir adelante, tal y como se hizo en procesos anteriores», ha señalado.

Mesa de formación de nuevas industrias

Como medida de choque, el Ayuntamiento de Cartagena pondrá a disposición de los trabajadores la Mesa de Formación para las Nuevas Industrias, con el fin de adaptar la alta especialización de la plantilla de Sabic a las necesidades de las empresas que se están expandiendo en el municipio.

«En Cartagena estamos creando oportunidades reales en la transformación hacia las energías renovables y la industria de la seguridad y la defensa», ha explicado la alcaldesa, que ha destacado que el Valle de Escombreras y el Campo de Cartagena «están en pleno crecimiento gracias al nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia y a las facilidades del Plan General», que incluye una ampliación de edificabilidad del 30% para fomentar inversiones.

Asimismo, el consistorio ha subrayado que mantendrá un contacto permanente con el comité de empresa para realizar un seguimiento «exhaustivo» de la información que aporte la compañía y asegurar que «se respeten los derechos de todas las familias afectadas».

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