El modelo de Madrid para captar empresas -o sus sedes sociales- basado en su ‘dumping’ fiscal -algo de lo que su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha presumido e incremetado- se enfrenta a su primer síntoma de agotamiento técnico. Según los últimos datos de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores, Madrid es ya la comunidad autónoma de la que más empresas huyen, con un ritmo de salidas que supera las 1.500 sociedades anuales. Aunque la región compensa este flujo con la entrada de nuevas pymes, el balance de facturación neta (las grandes empresas) se está desplazando hacia otras provincias que han adaptado sus marcos tributarios para competir directamente con la capital.
La convergencia fiscal es un hecho. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) muestra cómo regiones como La Rioja, Andalucía o la Comunidad Valenciana han reducido la brecha en el Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones, restando atractivo al «efecto sede» madrileño.
A esto se suma el impacto de la Ley de Presupuestos, que fomenta deducciones fiscales por inversión en zonas con riesgos de despoblación, convirtiendo a provincias como Guadalajara, Toledo y Segovia en destinos más rentables para la base imponible industrial que la saturada capital.
Este flujo de capitales evidencia que el ahorro fiscal en Madrid ya no compensa el sobrecoste del suelo y la presión inmobiliaria. Los informes de Informa D&B señalan que, mientras Madrid retiene empresas de servicios intangibles, pierde sociedades de alto volumen de facturación que buscan mayor eficiencia tributaria en la periferia logística. Los datos de 2025 y el inicio de 2026 confirman que la competencia fiscal interna en España ha dejado de ser un monólogo para convertirse en un tablero de reequilibrio de fuerzas donde Madrid, por primera vez, es la que más activos expulsa.