El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la solicitud de medidas cautelares presentada por Airbnb, por lo que la compañía deberá afrontar el pago de la sanción de 64,05 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por infracciones en anuncios de alojamientos turísticos.
La resolución, comunicada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, permite a la plataforma interponer un recurso de reposición ante el mismo tribunal. La sanción había quedado suspendida de forma temporal tras el recurso presentado por la empresa.
El expediente de Consumo detectó irregularidades en 65.122 anuncios, que fueron retirados en julio de 2025. Entre las prácticas señaladas figuran la publicación de alojamientos sin licencia o con números de registro no válidos, así como la falta de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que el Ministerio considera publicidad engañosa.
Infracciones y cuantía de la sanción
La sanción principal asciende a 63.980.311 euros, equivalente a seis veces el beneficio considerado ilícito derivado de estas prácticas. A esta cantidad se suman otras tres multas por un total de 75.000 euros por incumplimientos adicionales.
Entre estas infracciones se incluyen la omisión de información en contratos a distancia, la falta de colaboración con las autoridades al no atender requerimientos durante la investigación y el incumplimiento de medidas provisionales dictadas para evitar riesgos a consumidores.
El Ministerio sostiene que estas conductas suponen prácticas comerciales desleales y vulneran la normativa que obliga a incluir el número de registro en la publicidad de alojamientos turísticos en la mayoría de comunidades autónomas.
Impacto regulatorio en el alquiler turístico
La decisión judicial se produce en un contexto de mayor supervisión sobre las plataformas de alquiler turístico y refuerza la capacidad de la Administración para exigir el cumplimiento de las obligaciones informativas.
El procedimiento judicial continúa abierto a la espera de una sentencia sobre el fondo del asunto, mientras la compañía mantiene la posibilidad de recurrir la decisión adoptada por el tribunal.