La plataforma ciudadana ‘Stop Biogás Los Camachos’ ha presentado un informe técnico que detecta riesgos para la salud de los vecinos y cuestiona la viabilidad ambiental del proyecto de la planta de biogás que se planea instalar en el polígono industrial de Los Camachos (Cartagena). El informe, elaborado por personal técnico y científico que colabora con el colectivo, realiza un análisis crítico del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y los riesgos asociados al proyecto promovido por la empresa Heygaz.
El documento cuestiona la ausencia de impactos significativos sobre el territorio, el agua, la salud y el entorno socioeconómico, al considerar que no está debidamente acreditada. Entre las deficiencias señaladas, se destaca la alta probabilidad de que filtraciones de la planta puedan afectar a las aguas subterráneas y, en última instancia, al Mar Menor, debido a la naturaleza del terreno en la zona.
El informe también critica la evaluación de olores, que según la plataforma se basa en teorías y no en pruebas reales, y advierte de que, debido a la proximidad de la planta a las viviendas, los olores podrían llegar hasta las viviendas situadas a unos 350 metros y a los centros de trabajo cercanos. Además, se señala que la planta generaría un aumento del tráfico pesado, con posibles emisiones y otros riesgos industriales, lo que afectaría directamente a la calidad de vida de los vecinos y a la actividad económica de la zona.
Desde la plataforma, se subraya que en un entorno tan vulnerable como el de esta área, la falta de certeza en los estudios debe resolverse en favor de la protección del territorio y de la población, no del proyecto. El colectivo ha remitido este informe a varios departamentos del Gobierno regional, incluyendo las consejerías de Medio Ambiente, Agua, Empresa y Fomento, para que tomen en cuenta estas observaciones en el proceso administrativo.
La plataforma ha asegurado que seguirá de cerca el avance del proyecto y no descarta emprender acciones legales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger el interés general de los ciudadanos.