El Gobierno de la Región de Murcia ha expresado su rechazo al anteproyecto de Real Decreto sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), asegurando que «vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico y debilita el papel de la negociación colectiva». Las alegaciones fueron presentadas ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz.
La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, subrayó que el anteproyecto «invade claramente el ámbito de normas con rango de ley» y «quiebra principios básicos como la legalidad y la jerarquía normativa», además de apartarse injustificadamente de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo.
El Gobierno regional recalca que el texto introduce cambios reglamentarios que entran en conflicto con el Estatuto de los Trabajadores. Además, la consejera ha señalado que el anteproyecto «olvida aspectos esenciales de la directiva europea», particularmente en lo relacionado con la contratación pública. En este sentido, criticó que «no se puede exigir a las empresas el cumplimiento del SMI mientras la Administración no garantiza ese mismo cumplimiento en sus contratos y subcontratas».
Críticas al sistema de actualización del SMI
López Aragón cuestionó el nuevo sistema de actualización automática del SMI, ya que solo se basa en el IPC, ignorando otros factores clave como la productividad, el poder adquisitivo y la evolución real de los salarios. Afirmó que este enfoque es «incompleto» y no se ajusta ni a la normativa europea ni al Estatuto de los Trabajadores.
Además, en cuanto a la compensación y absorción salarial, la consejera indicó que «se limita de forma indebida un mecanismo reconocido legalmente», advirtiendo que «el Tribunal Supremo ha dejado claro que el SMI es un umbral global anual y no un salario base», por lo que este cambio altera su «propia naturaleza».
Intervencionismo del Gobierno central
López Aragón también ha destacado que el anteproyecto refleja un «cambio de modelo en las relaciones laborales», ya que, según su criterio, «sustituye el diálogo social por un mayor intervencionismo del Gobierno». Consideró que esto «desincentiva la negociación colectiva» y «reduce la autonomía de sindicatos y empresarios para fijar salarios», lo que «rompe el equilibrio del sistema».
La consejera también expresó su preocupación por la memoria de análisis de impacto normativo, que consideró «carece del rigor exigible», señalando que «no incluye estudios económicos completos ni evaluación de cargas administrativas». Esto, afirmó, «vulnera los principios de buena regulación y transparencia» que deben guiar cualquier iniciativa normativa.
Finalmente, el Gobierno regional ha solicitado una «revisión en profundidad» del anteproyecto para asegurar que se ajuste al marco legal, respete la negociación colectiva y garantice una correcta transposición de la directiva europea.