Un mandato judicial ha ordenado paralizar las obras que se estaban realizando en la Morería Baja y la toma de muestras de tierras indiciariamente contaminadas en la zona, según ha confirmado la Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete.
La medida llega tras la denuncia de ese colectivo ante el juzgado y el Seprona de la Guardia Civil por el posible riesgo para la salud de vecinos y trabajadores, ya que informes técnicos advierten de altos niveles de plomo y metales pesados.
Según la portavoz de la Coordinadora, María Luisa Conesa, esta situación se habría evitado si el Ayuntamiento de Cartagena no hubiera realizado movimientos de tierras para soterrar cableado eléctrico en un área de alto interés arqueológico.
Las peticiones para caracterizar el suelo de forma preventiva fueron ignoradas por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, según el colectivo.
Al riesgo químico se suma la desprotección del patrimonio sobre el terreno. La Coordinadora afirma tener pruebas de que el uso de excavadoras y maquinaria pesada ya ha provocado la rotura de varios sillares antiguos de piedra de tabaire. Estos restos, localizados casi en la superficie, forman parte de un gran edificio público de la época púnica.
Por su parte, MC Cartagena ha calificado la situación de «actuación irregular». Su portavoz adjunta, Mercedes Graña, ha señalado que “si se demuestra que no se cumplieron las medidas exigibles para licitar la obra”, tanto la alcaldesa Noelia Arroyo como el concejal responsable Pablo Braquehais “deberán asumir responsabilidades políticas inmediatas”.
Junto al líder de MC en el consistorio, Jesús Giménez Gallo, formación que defiende la ampliación del parque arqueológico, un acceso aterrazado a la cima y la recuperación del Palacio de Asdrúbal, han acusado al PP de avanzar en la dirección contraria.
“Cada paso que da el Gobierno municipal acerca ese cerro a las hormigoneras y lo aleja de la protección que merece”, ha lamentado Graña, quien ha denunciado la contradicción de querer seguir construyendo en un casco histórico que necesita urgentemente espacios libres.
Además, desde la Coordinadora critican haber tenido que «aguantar amenazas» de Arroyo “por el simple hecho de velar por el interés general”. En este sentido, MC ha exigido formalmente al Gobierno del PP que “deje de señalar, presionar o amenazar a los colectivos y ciudadanos que ejercen un derecho legítimo al defender el patrimonio”.
Para la formación cartagenerista, la Morería Baja “no es un caso aislado, sino el reflejo de un modelo agotado” que convierte cada proyecto estratégico “en un nuevo problema”. “Cartagena necesita planificación, rigor y respeto por su patrimonio”, ha concluido Graña.