Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclaman «más ambición» en la tramitación de la nueva ley de integridad pública, una norma que debería aumentar la responsabilidad penal de las empresas, endurecer las penas y vincular beneficios penitenciarios y reparación del daño económico.
Así lo indica Gestha en un comunicado después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el proyecto de ley orgánica de integridad pública, que busca prevenir la corrupción en la contratación pública, detectar esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza.
Gestha insiste en la necesidad de que los organismos y entidades cuenten con un sistema de cumplimiento o de integridad, abogan por un endurecimiento de las multas de cinco a diez años a las empresas condenadas por corrupción y la prohibición de contratar con el sector público durante 20 años.
Con el proyecto de ley, las multas a empresas por cohecho se duplican, las penas del tráfico de influencias pasan de 1 a 4 años de condena con prohibición de contratación pública hasta 10 años, y se crean dos nuevos subtipos agravados del delito de obstrucción a la justicia cuando afecte a investigaciones de corrupción.
También se exigirá la inclusión de una auditoría externa a los partidos políticos y sus fundaciones que perciban más de 50.000 euros en fondos públicos, y se reduce drásticamente el umbral para publicar las donaciones, pasando de los 25.000 euros actuales a 2.500 euros.
Por otra parte, respaldan un acuerdo parlamentario que acelere la tramitación de la ley de los ‘lobbies’ y prohíba las “puertas giratorias” para garantizar el interés general.
A su juicio, el principal problema es la insuficiente transparencia en las relaciones entre grandes sectores económicos y responsables públicos.