El secretario de UPA, Marcos Alarcón, ha expresado en la Comisión de Asuntos Generales que estudia la posible reforma de la Ley 3/2020 de protección del Mar Menor su deseo de que “la defensa al sector se manifestara en las normas y en los presupuestos”, así como “desaparecer del debate público”. Alarcón ha intervenido en la Asamblea tras el presidente de COAG-Región de Murcia, José Miguel Marín.
Para evitar que el sector agrario sea protagonista del debate polítco, Alarcón ha reclamado el consenso de las organizaciones políticas nacionales y autonómicas para lograr una normativa coherente porque “las leyes de ámbito estatal que nos atañen directamente a las organizaciones agrarias, publicadas con el consenso de las organizaciones políticas, fueron aplicadas directamente”.
Por este motivo, apuesta por una modificación que ataña «a todas las actividades económicas, no sólo al sector agrario» y que «no conlleve rebajar la ambición de recuperación y protección del Mar Menor». Alarcón ha hablado de “importantes deficiencias técnicas” detectadas en la Ley, al usar “una técnica legislativa poco frecuente”.
En su opinión, la ley está “desfasada” porque “existe nueva normativa europea y nacional que es imposible actualizar debido a la rigidez de la técnica legislativa empleada”.
Alarcón ha recordado al diputado socialista Manuel Sevilla, que durante la preparación de la Ley “hubo muchas reuniones pero poca escucha al sector agrario”.
Ha lamentado que el sector agrario y ganadero haya sido el “chivo expiatorio” de la Ley, haciendo que el resto de sectores se hayan “inhibido de sus responsabilidades” y ha recordado que “el boom agrario en el Campo de Cartagena ha coincidido con el boom residencial y turístico en el litoral del Mar Menor, que alguna huella ambiental habrá dejado”.
Entre los aspectos que ha citricado el representante de UPA, se ha referido a “la obligatoriedad de poner setos pegados a un muro o un invernadero” o que el periodo de prohibición de abastecer de materia orgánica esté vinculado a un periodo de lluvia fijado por Ley.
“¿Es obvio que una ley fije el periodo de lluvia en abril y septiembre-octubre, cuando en junio me caen 300 litros en diez horas y yo puedo estar aplicando materia orgánica sin problema? Esta como otras son las cosas que vemos mejora por parte de la Ley”, ha señalado Alarcón, aconsejando que esa medida vaya mejor vinculada a una alerta de AEMET y no a un periodo concreto fijado por ley.
También ha destacado que “los consumidores europeos están cada vez más pendientes de que los productos que les llegan estén producidos en un respecto al medio ambiente y de las condiciones laborales”, por lo que si “los supermercados han hecho auditorias en campo y almacén, la prueba de que lo están haciendo bien es que se sigue exportando”.
“El sector agrario hoy está produciendo de manera respetuosa con el medio ambiente” ha aseverado Alarcón y ha añadido que el proceso de adaptación se está haciendo efectivamente, de manera continua, con independencia de la remuneración que reciben en los mercados”.
En cuanto a la posible solución a la contaminación del Mar Menor, el secretario de UPA ha asegurado que “el acuífero está contaminado por nitratos de fuente agrícola” para a continuación apuntar que “si decidimos que no se practique ninguna actividad agrícola, ni de secano, el acuífero seguirá contaminado”.
Por eso considera “imprescindible actuar sobre el acuífero, sacar el agua y evitar las filtraciones, pero siempre que arriba se haga bien”.
«Tenemos que apoyarnos en la evidencia científica. Nuestra preocupación son los agricultores que desarrollan su actividad al aire libre y el clima está cambiando. Nos preocupa cómo el sector agrario se adapta y permite mitigar el cambio climático», ha explicado ante las críticas al negacionismo.
Ante la propuesta del diputado de Podemos, Víctor Egío, de imitar el Plan de Doñana, Alarcón ha remarcado que “hay diferencias entre Doñana y lo que hay que hacer aquí” pero entiende que “hay que copiar el consenso entre administraciones. Tenemos una maraña legislativa. En el Plan Doñaña, una parte muy importante es el apoyo público, pero hay que coger sobre todo el consenso entre administraciones”.
Ha reclamado lo mismo al diputado popular Jesús Cano: “El consenso es necesario para ser más eficaces. Sin ruido ajeno al sector y sin estar siendo cuestionados en el ámbito político”.
Alarcón ha concluido señalando que “cualquier ley hecha con la mejor de las intenciones no está grabada sobre piedra y es susceptible de mejora”. Considera “muy importante escuchar al conjunto de sectores y movimientos ciudadanos que están afectados por esta ley y así lograremos que sea más aplicable, más eficaz” y ha suscrito como el presidente de COAG, José Miguel Marín, que harán llegar a los diputados la propuesta técnica conjunta de reforma de la Ley del Mar Menor, elaborada por las organizaciones agrarias COAG, UPA y ASAJA, junto a las asociaciones de Proexport y Fecoam.