Alquiler Seguro ha presentado una oferta para hacerse con el contrato de gestión del alquiler de un total de 1.661 viviendas en Asturias y Galicia licitado por la antigua Sepes, rebautizada ahora como Casa 47, entidad que se encargará ahora de la gestión de todo el ciclo residencial del parque público de vivienda de España.
Se trata de uno de los lotes incluidos en el contrato, que prevé en total la incorporación de más de 17.000 inmuebles al mercado en una primera fase de licitación.
Se requiere a las empresas que concurran a ésta que acrediten experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social durante al menos un año de los últimos tres.
«Alquiler Seguro cuenta con la experiencia y la capacitación requerida por la Administración Pública para encargarse de la gestión integral del parque de alquiler asequible, como viene haciendo desde hace más de 19 años con los más de 28.000 contratos de arrendamiento entre particulares y profesionales que gestiona en la actualidad por todo el país», ha asegurado la empresa en un comunicado.
Alquiler Seguro ha subrayado que no sólo asume desde hace tiempo esta labor a través de la gestión directa del alquiler de viviendas con algún tipo de protección pública u oficial, sino también mediante acuerdos de gestión y colaboración con las socimi sociales TuTECHÔ y Primero H, especializadas en la promoción del acceso a la vivienda para personas en situación de vulnerabilidad social y de sinhogarismo.
El contrato licitado por la antigua Sepes recoge todos los servicios necesarios para una adecuada gestión del parque público de inmuebles destinados a alquiler asequible.
La empresa adjudicataria deberá encargarse del conjunto de actividades y procedimientos necesarios para la adecuada recepción, incorporación, análisis y preparación de las viviendas, con el fin de permitir su incorporación al patrimonio de Casa 47 y su gestión operativa.
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá realizar todos los servicios y actividades necesarios para la adecuación física de los inmuebles, así como todas las gestiones legales y administrativas derivadas.
Al mismo tiempo, deberá ofrecer servicios de apoyo a solicitantes de vivienda, formalización de arrendamientos y entrega de viviendas; así como servicios de gestión general de alquileres, incluyendo la implantación de un sistema de gestión de contratos y pagos y otro de comunicación con las unidades de convivencia inquilinas, así como el desarrollo de un servicio de rescisiones y finalización de contratos; de un servicio de prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda; o de acompañamiento de colectivos en riesgo de exclusión social para tratar de prevenir situaciones de desahucio o abandono.
El contrato exige además la prestación de todos los servicios y actividades de las que puede ser objeto un inmueble desde la adscripción de este por Casa 47 hasta su puesta a disposición de la ciudadanía, así como de los servicios de soporte y control de la gestión del arrendamiento de las viviendas, y de información en tiempo real a Casa 47 de la actividad de la empresa adjudicataria sobre los inmuebles gestionados.
La empresa adjudicataria deberá prestar además servicios de asesoramiento legal y gestión extrajudicial y amistosa de la mora, y colaborar plenamente con Casa 47 o con un tercero, para asegurar la continuidad sin interrupciones en la gestión de los inmuebles.
Alquiler Seguro ha celebrado que la entidad pública de vivienda creada por el Gobierno, Casa 47, siga dando pasos adelante en la ampliación del parque de vivienda asequible de titularidad pública.
En este sentido, la compañía recuerda que el porcentaje de vivienda social de titularidad pública en España no supera el 2,5%, y se encuentra muy lejos de la media europea, que alcanza el 9% del parque residencial, con países como Países Bajos, Austria o Dinamarca por encima del 20%.
Según Alquiler Seguro, en torno al 96% de las personas en situación de sinhogarismo no pueden acceder a un alquiler social debido a la escasez de vivienda pública y 8,5 millones de personas en España se encuentran en una situación de exclusión residencial, lo que incluye no sólo a quienes no disponen de un hogar, sino también a quienes viven en viviendas inseguras o inadecuadas en condiciones de chabolismo, infravivienda o hacinamiento extremo.