Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, no ha esperado tras el nombramiento de Sara Aagesen como nueva ministra de Transición Ecológica para solicitarle que aborde, «con urgencia, las asignaturas que estaban quedando pendientes para avanzar en la transición ecológica en España».
En este sentido, los productores fotovoltáicos reclaman un avance en el proceso de electrificación, así como reparar los daños a los pioneros del sector fotovoltaico español,
Según Anpier, no se ha avanzado de forma sustancial en el proceso de electrificación. Para este colectivo, «el fin último de la transición ecológica es la electrificación de los consumos energéticos -sobre fuentes renovables- para reducir la emisión de gases de efecto invernadero». Consideran que «la disponibilidad de potencia renovable es premisa necesaria, pero no suficiente, para alcanzar los objetivos que se persiguen».
Ven una realidad la creciente implantación de generación renovable frente a una demanda de esta producción, que «se está quedando en deseos y previsiones que no se verifican, sobre hipótesis de incrementos, que quizá no fueron realistas».
Además, reclaman compensaciones para «los pioneros de la renovables», que en su opinión «sufren una situación que es preciso reparar». España movilizó en los años 2007-2008 capital privado para que nuestro país cumpliera los objetivos puestos por la UE de alcanzar un 20% de generación renovable en el 2020 y, con ello, madurar las fuentes de generación esenciales para la descarbonización.
Anpier destaca que «el proceso fue un éxito, cuyos frutos se disfrutan en la actualidad con precios muy bajos de la electricidad, que además ahora es más limpia y con coste menor para las familias, mayor competitividad para nuestras empresas y un saldo más favorable en la balanza comercial, así como una menor dependencia de combustibles del exterior».
Pero denuncian que «una vez puestas en funcionamiento las instalaciones fotovoltaicas, sufrieron hasta diez recortes retroactivos, que han cercenado sus ingresos hasta en un 45% de los retornos que fueron establecidos por el Estado como seguros en el BOE».
Frente a los inversores internacionales, que no vieron conveniente acudir a la justicia española, los nacionales «inevitablemente debieron hacerlo» perdiendo cualquier posibilidad de reparación frente a argumentos por parte del Estado, que no han parecido aceptables en la Corte de Arbitraje del Banco Mundial en Washington, instancia a la que acudieron de forma masiva los inversores foráneos y en la que sí están logrando laudos favorables, que condenan al Estado español a repararles los daños sufridos por estos cambios normativos retroactivos. En este sentido, desde Anpier demandan reparaciones que no han podido lograr en los juzgados nacionales.
