La Comisión Europea ha informado este lunes del inicio de un expediente sancionador contra España por no cumplir con la obligación de designar a un órgano competente para vigilar que las autoridades públicas no ponen trabas a los pagos o cobros que realicen con cuentas en otros Estados miembro, una práctica ilegal en la Unión Europea conocida como «discriminación por IBAN».
Según informa Bruselas, España no cumple con el reglamento para la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en inglés) que exige que cada Estado miembro designe una autoridad competente que supervise el cumplimiento de la normativa comunitaria.
El objetivo es que se pueda actuar con diligencia frente a cualquier incumplimiento del Reglamento SEPA por parte de autoridades públicas que se nieguen a efectuar o recibir pagos hacia o desde cuentas de otros Estados miembro, porque la falta de un organismo impide a los usuarios o empresas afectados poder denunciar la práctica ilegal.
El inicio de un procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento que da a las autoridades nacionales un plazo de dos meses para responder y tomar medidas para corregir las irregularidades.
El mecanismo prevé aún una segunda fase que prorroga el tiempo de diálogo mediante un dictamen motivado que, de no resolverse, puede concluir con la decisión del Ejecutivo comunitario de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).