La Audiencia Nacional inicia este lunes el juicio por la rama murciana del caso Púnica, uno de los escándalos de corrupción más relevantes en España en los últimos años. En el banquillo de los acusados se encuentran altos exfuncionarios de la Región de Murcia, como el exconsejero Juan Carlos Ruiz y su jefe de gabinete José Fidel Saura, ambos implicados en una trama de contratos irregulares para mejorar la reputación online de políticos murcianos durante el gobierno del PP presidido por Ramón Luis Valcárcel.
A ellos se suman otros seis acusados, entre los que figuran la exdirectora del Instituto de Turismo de Murcia, María Dolores Martínez, y el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, quien ya fue absuelto en una rama previa del caso Púnica relacionada con León.
La Fiscalía ha solicitado penas de cárcel que oscilan entre los cuatro años para el exconsejero Juan Carlos Ruiz y los dos años y medio para el resto de los implicados. En su escrito de acusación, el ministerio público destaca que los responsables encargaron trabajos de reputación online de manera irregular, sin sacarlos a pública concurrencia, lo que violó diversas normativas de contratación pública.
Para Ruiz, la Fiscalía pide dos años y medio de prisión, además de ocho años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, como parte de su acusación por fraude. A esta pena se suman otros cargos por tráfico de influencias y prevaricación, con una solicitud de otro año y medio de prisión, una multa de 150.000 euros y cinco años de inhabilitación.
Por su parte, María Dolores Martínez, quien fuera directora del Instituto de Turismo, enfrenta también dos años y medio de cárcel, con ocho años de inhabilitación por fraude y diez años más de inhabilitación por prevaricación. José Fidel Saura, el exjefe de gabinete de Ruiz, podría ser condenado a dos años y medio de prisión, además de una multa de 100.000 euros y otros cargos por tráfico de influencias y prevaricación.
Durante la instrucción del caso Púnica, que comenzó en 2014, se investigaron diversas administraciones por la contratación de servicios de reputación online a las empresas EICO y Madiva, dirigidas por el empresario Alejandro de Pedro. Aunque algunas investigaciones, como la que afectaba a la Comunidad de Madrid, fueron archivadas, la rama de la Región de Murcia continúa su curso judicial.
En cuanto a los casos de Pedro Antonio Sánchez, ex presidente de la Región de Murcia, y la exsenadora Pilar Barreiro, ambos fueron investigados, pero las acusaciones en su contra fueron finalmente archivadas, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo.