La reforma laboral que establece la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas se ha convertido en un tema candente en el ámbito económico. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Lorenzo Amor, presidente de ATA, aprovecharon un encuentro informativo organizado por Europa Press para expresar su férreo rechazo a esta medida, que se aprobará en el Consejo de Ministros.
Ambos dirigentes empresariales han advertido que llevar la reducción de jornada por ley al Parlamento supondrá un coste económico significativo, particularmente para los autónomos y las pequeñas empresas. Amor ha cifrado el impacto entre 21.000 y 24.000 millones de euros para las empresas, considerando tanto el coste de salarios como de cotizaciones. Según sus cálculos, el gasto por trabajador se elevaría entre 1.800 y 2.000 euros, lo que afectará especialmente a los autónomos, quienes según datos del INE, ya trabajan un promedio de 52 horas semanales.
La CEOE y la ATA han resaltado que, aunque apoyan la reducción gradual de la jornada laboral, creen que debe ser una decisión tomada sector a sector y no impuesta por ley. En sus intervenciones, Garamendi y Amor subrayaron que la medida no castigará a las grandes empresas, sino que dañará a los pequeños negocios, los cuales no podrán contratar personal adicional para cubrir la reducción de horas, lo que obligará a los autónomos a asumir más carga laboral.
El presidente de ATA también ha alertado de la «inseguridad» y «desconfianza» que genera la imposición de decisiones sin contar con un amplio proceso de diálogo social, enfatizando que la reforma no tiene en cuenta la realidad de las pequeñas empresas. «La solución pasa por negociar, no por imponer una reforma que afecta a la base del empleo en España», dijo.
Por otro lado, Amor ha criticado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 4,4% para 2025, asegurando que ha tenido efectos negativos en el empleo, especialmente en los sectores donde más se depende del SMI, como en el comercio y la agricultura. En cuanto a la jornada laboral, la patronal insite en la necesidad de un plazo adecuado para que los agentes sociales negocien la reforma, en lugar de imponerla de manera urgente.