La presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, ha advertido que los planes del Ministerio de Trabajo para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 3,1% en 2026 (sin tributar) y un 4,7% (con tributación) pondrían en riesgo la viabilidad de unas 86.000 microempresas en España. Según De Miguel, el impacto de esta subida podría igualar, o incluso superar, los beneficios de estas pequeñas empresas, lo que las obligaría a cerrar.
«Ahora mismo, los planteamientos que hay encima de la mesa equivalen más o menos al beneficio que generan 86.000 microempresas en España. Ese sería el coste», señaló De Miguel, subrayando que cuando una empresa no obtiene ganancias, «tiene que cerrar». A pesar de esta preocupación, Cepyme no cierra la puerta a un acuerdo con el Gobierno, pero prioriza la defensa de las empresas más pequeñas, que podrían desaparecer ante el aumento de costes laborales.
Posicionamiento de las patronales y sindicatos
El Gobierno se basa en las recomendaciones de la comisión de expertos para plantear una subida del SMI de entre 3,1% y 4,7% dependiendo de si se tributa o no. Por otro lado, las patronales piden un alza moderada del 1,5%, mientras que los sindicatos exigen un 7,5% de subida si el salario mínimo empieza a tributar. Este desacuerdo refleja las tensiones entre las distintas partes involucradas en la negociación.
De Miguel también destacó el impacto de la «hiperregulación» y el aumento de costes laborales que afectan a las microempresas, las cuales, en su mayoría, operan con pocos empleados y funcionan con una estructura flexible. «La parte más débil de la cadena se está rompiendo y no lo está aguantando», señaló, haciendo énfasis en que las cargas adicionales están asfixiando a las empresas más pequeñas, claves en el tejido empresarial español.
El futuro de la negociación y la relación con el Gobierno
En cuanto a la relación con el Ministerio de Trabajo, De Miguel defiende que las patronales no se han levantado de la mesa del diálogo social, como han indicado algunas fuentes gubernamentales. “Nosotros no hacemos política”, afirmó, asegurando que seguirán trabajando con propuestas y alegaciones para mejorar las condiciones del sector.
La presidenta de Cepyme también mostró escepticismo sobre la posibilidad de que las patronales y los sindicatos lleguen a un acuerdo para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), ya que considera que las decisiones del Gobierno están «debilitando» el poder de transformación de las empresas.
Finalmente, De Miguel hizo un llamado al Gobierno para que tome en cuenta las dificultades adicionales que enfrentan las pequeñas empresas, solicitando medidas como la aplicación del IVA franquiciado para aquellos autónomos y empresas que facturen menos de 85.000 euros anuales, lo que aliviaría las cargas administrativas. También reclamó la revisión de nuevas exigencias, como el registro horario y la ampliación de los permisos laborales, que están limitando la flexibilidad de las microempresas.