La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha informado de que la propietaria de Primark, Associated British Foods, está aplicando en España una estrategia industrial que, según la organización, coloca al sector remolachero en una situación límite. COAG explica que su filial British Sugar ha decidido cerrar la molturación en las plantas de Miranda de Ebro y La Bañeza y trasladar toda la producción a la fábrica de Toro, situada a 250 kilómetros. La organización señala que este cambio añade un sobrecoste estructural que afectará a la sostenibilidad económica de las explotaciones.
COAG afirma que la empresa ha planteado un precio de 36-37 euro/tonelada, por debajo de los 44-45 euro/T que identifica como costes reales de producción. Para la próxima campaña, la oferta trasladada por la empresa situaría la remuneración en 18-20 euro/t, lo que la organización considera incompatible con la continuidad del cultivo. Javier Briñas, responsable del sector remolachero en COAG, asegura que este escenario está directamente vinculado a una política comercial que “estrangula a los productores y desmantela el tejido rural”.
La organización advierte de que la empresa estaría actuando en un contexto de posición dominante, al no existir otras industrias que puedan absorber la producción en condiciones competitivas. COAG sostiene que ninguna otra empresa en España podría aplicar precios por debajo de costes “sin consecuencias” y considera que British Sugar opera “como un monopolio sin control público”.
El cierre de las plantas de Miranda y La Bañeza se suma al anunciado cese definitivo de la molturación en la Azucarera de Jerez de la Frontera. Para COAG, esta sucesión de decisiones confirma un proceso de reestructuración que está reduciendo la capacidad industrial del país y que podría situar a la producción remolachera nacional en una fase crítica.
La organización sectorial llevará los contratos que identifica como situados por debajo de costes ante la Agencia de Información y Control Alimentarios y reclamará al Ministerio de Agricultura una supervisión más estricta de las actuaciones de la empresa. Briñas señala que no permitirá que decisiones corporativas adoptadas en otros países afecten a la continuidad del cultivo en España.