La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado al Gobierno que apruebe ayudas directas para el gasóleo A utilizado en la apicultura y para hacer frente al encarecimiento de los plásticos agrícolas. Esta demanda se enmarca dentro de los esfuerzos de COAG por mitigar el impacto de la guerra en el sector agrario, que la organización estima en más de 1.050 millones de euros.
COAG ha considerado «importante y necesaria» la aprobación del Real Decreto ley 7/2026 como respuesta al impacto de la crisis de Oriente Medio, que ha provocado incrementos de hasta un 40% en el precio del gasóleo B, un 24% en la urea y un 20% en los plásticos agrícolas. Sin embargo, la organización ha identificado «dos grandes déficits» en el plan anticrisis que, si no se corrigen antes de la convalidación del decreto el 26 de marzo en el Congreso, dejarán sin protección a 36.000 familias apícolas y sectores como la horticultura, la fruticultura y la ganadería de vacuno y ovino.
Según COAG, estos sectores dependen de insumos clave como plásticos de uso agrícola y ganadero, que en las últimas semanas han visto un incremento de más del 20% en sus precios. La organización ha destacado que el encarecimiento de estos productos resulta especialmente grave debido a que coincide con el inicio de la campaña agrícola.
En cuanto a la apicultura, COAG ha criticado que el Real Decreto únicamente contempla ayudas para el gasóleo B, un combustible utilizado en maquinaria agrícola como tractores, pero no para el gasóleo A, que es el utilizado por los apicultores en sus furgonetas y camiones para el traslado de colmenas. Aunque la actividad apícola es plenamente agraria, el gasóleo A no tiene acceso a la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), lo que ha generado una nueva inequidad en el apoyo al sector.
COAG también ha señalado que este problema ya se presentó en 2022 con el plan de choque para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania y que, cuatro años después, el RDL 7/2026 repite el mismo mecanismo sin corrección. La organización estima que España cuenta con unas 36.000 explotaciones apícolas, con cerca de 3,2 millones de colmenas, que se verían beneficiadas por la corrección de esta omisión.
Además, COAG ha instado a las comunidades autónomas a complementar las medidas del Gobierno, considerando que, aunque el esfuerzo presupuestario central es necesario, no puede ser la única respuesta institucional a una crisis que afecta de manera diferenciada a los territorios.