El expediente abierto por el Ayuntamiento de Cartagena por las obras ilegales detectadas en el antiguo Hospital Naval ha revelado que Patrimonio del Estado ha activado el ‘expediente de mutación demanial definitiva con compensación presupuestaria’ por un valor de 25 millones de euros, lo que se traduce en que el Ministerio de Migraciones estaría estudiando comprar el antiguo hospital, por lo que la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha exigido que “fije un fecha para una reunión o fijaremos una para una movilización”.
Arroyo apostilló que “si la administración no quiere escuchar a los representantes de los cartageneros, llega el momento de que escuchen directamente a los cartageneros” y reiteró que si la ministra no fija la fecha de la reunión en lo que queda de semana, convocará a la Junta de Portavoces para acordar la fecha y el lugar de una manifestación “para expresar nuestro rechazo a que el Ministerio concentre todos los recursos en Cartagena”, pue recordó que “somos la única ciudad de España que recibe inmigrantes por mar y además le llegan en avión, desde Canarias”.
La regidora denunció “el silencio, las medias verdades y las grandes mentiras” del Gobierno central ante las noticias que confirman la permanencia del campamento, ya que este miércoles se ha conocido, además, que el Ministerio de Defensa ha prorrogado un año más la cesión del Hospital Naval al Ministerio de Migraciones, cuando siempre mantuvo que sería temporal
“Eso no es lo que Cartagena quiere para el Hospital Naval, como ha expresado la voz mayoritaria del Pleno del Ayuntamiento, que es la opinión mayoritaria de los ciudadanos”, pues como ha añadido Arroyo “el pleno del Ayuntamiento se ha manifestado reiteradamente en contra de ese uso y ha solicitado su cesión al municipio”.
Para la primera autoridad de Cartagena “hay razones de peso para defender que la decisión del ministerio es un grave error, por eso llevo meses tratando de explicarlo personalmente a los responsables del ministerio. No me gusta salir a la calle para defender asuntos que se resuelven desde el diálogo, pero estoy obligada a utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para impedir una decisión que quieren imponernos en contra de lo que queremos los cartageneros”
El Ayuntamiento de Cartagena se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Gobierno central para poner en su conocimiento los acuerdos del Pleno y para solicitar una reunión con los responsables ministeriales, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.