La Policía Nacional ha detenido en Murcia a 55 personas en el marco de una investigación contra la obtención fraudulenta de prestaciones económicas de la Seguridad Social, según informaron fuentes del Cuerpo.
En concreto, a los arrestados se les atribuye la presunta autoría de los delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida y estafa.
Los detenidos, supuestamente, formaban parte de un entramado criminal dedicado a dar de alta ilícitamente a ciudadanos extranjeros tras realizar un pago previo para conseguir regularizar su situación en territorio español.
La investigación, iniciada por agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia a principios de 2024, condujo hasta un varón que desarrollaba funciones de asesor laboral para empresas agrícolas.
Aprovechándose de su posición de confianza y amplia capacidad de maniobra, el asesor daba de alta a ciudadanos extranjeros ilícitamente en el régimen de la Seguridad Social a cambio de dinero, sin que los dueños de las empresas tuvieran conocimiento de ello.
El objetivo era conseguir regularizar la situación de estas personas en el país, facilitar la renovaciones de sus permisos de residencia y obtener prestaciones públicas por desempleo sin haber desempeñado ningún trabajo.
El presunto cabecilla cobraba una media de 3.000 euros por persona por sus servicios, llegando a los 9.000 euros en alguno casos. Los agentes detectaron que 9 de estos supuestos trabajadores, quienes no llegaron nunca a desempeñar actividad laboral en las empresas agrícolas donde eran dados de alta, llegaron a recibir hasta 28.300 euros por la concesión de prestaciones públicas.
Asimismo, la investigación pudo determinar que este asesor laboral se había apropiado de casi 40.000 euros de las empresas que gestionaban las fincas agrícolas.
La investigación finalizó con la detención de todas las personas involucradas en este entramado criminal, que se beneficiaron ilícitamente de los servicios ilegales prestados por este supuesto asesor.
La Policía Nacional ha puesto en conocimiento de los hechos a la autoridad judicial competente, procediéndose a informar a las instituciones pertinentes para la extinción de las autorizaciones de residencia obtenidas fraudulentamente.