La Región de Murcia y otras once comunidades autónomas han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mejoras en el modelo de gestión del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), en funcionamiento desde 2023.
Las regiones han trasladado estas peticiones mediante una carta conjunta firmada por los responsables energéticos de la Región de Murcia, Galicia, Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Madrid, Baleares, Aragón y La Rioja, dirigida a la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética.
El sistema CAE, operativo desde el pasado año, permite a empresas obtener certificados por reducir consumo energético, que pueden comercializarse en un mercado secundario, generando rentabilidad adicional. Es una herramienta incluida en la Directiva de Eficiencia Energética y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Las comunidades destacan que, a pesar del potencial del instrumento, la carga administrativa y técnica derivada de la gestión —incluida la verificación documental, emisión de certificados y la coordinación con el Ministerio— no va acompañada de financiación específica.
“A diferencia de otros programas de incentivos, en los CAE no se ha previsto financiación para gastos indirectos de personal o asistencia técnica”, explicó Federico Miralles, director general de Industria, Energía y Minas de Murcia.
En este sentido, solicitan que estos costes se sufraguen con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Desde su activación, Murcia ha certificado un ahorro energético acumulado de 89.853.949 kWh, equivalente al consumo anual de unas 26.000 viviendas, similar a la población de Molina de Segura, el cuarto municipio más poblado de la Región.
La inversión empresarial acumulada asciende a 13,1 millones de euros, de los cuales 9,9 millones se han realizado en 2025. El número total de actuaciones ejecutadas alcanza las 112, con mayor peso en el sector industrial (49 actuaciones), seguido por el transporte (44), que ha experimentado un fuerte crecimiento respecto a mayo (de 5 a 44).
Otras actuaciones se distribuyen entre los sectores de servicios (12), agrícola (4) y residencial (3).
Además de la financiación, las comunidades solicitan ampliar los plazos para emitir los informes necesarios para validar las actuaciones: actualmente 15 días naturales para actuaciones estandarizadas y 30 días para las singulares. Se propone ampliarlos a 30 días hábiles y 45 días, respectivamente. “Los plazos actuales resultan insuficientes, sobre todo en periodos de alta carga administrativa, bajas o traslados de personal”, indicó Miralles.