Un Tribunal Federal del Distrito de Columbia (EE.UU.) ha dictado una nueva sentencia contra España por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables, esta vez a favor de Infrared, el fondo inversor ligado a HSBC. Según se indica, la suma a pagar asciende a 35 millones de euros, incluyendo intereses.
La decisión judicial ha sido comunicada por el fondo Blasket Renewable Investment, gestor del caso Infrared y también parte en otros litigios similares. El tribunal estadounidense ha rechazado los argumentos de España sobre la invalidez del arbitraje internacional, confirmando el laudo emitido en 2019 por el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), organismo adscrito al Banco Mundial.
El conflicto se remonta a 2014, cuando Infrared denunció ante el CIADI la retirada retroactiva de incentivos a dos proyectos de energía renovable ubicados en Andalucía y Extremadura. Los cambios regulatorios entre 2010 y 2013 afectaron a la rentabilidad prevista, lo que llevó al CIADI a fallar en su contra en agosto de 2019. España solicitó sin éxito la revisión del proceso en 2021 y una anulación del laudo en 2022.
La compensación reconocida es de 28,2 millones de euros, a los que se suman unos 7 millones en intereses, alcanzando un total cercano a los 35 millones. Esta sentencia se añade a otras recientes en los casos de Eurus (Grupo Toyota), RREEF e Infrastructure Services (Antin), lo que eleva las obligaciones judiciales de España en este ámbito a más de 360 millones de euros, según Blasket.
La entidad ha señalado que el incumplimiento del pago podría llevar a nuevos embargos de bienes estatales en el extranjero. De hecho, España ya ha sufrido acciones judiciales similares en Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, EE.UU. y Australia. Entre los bienes embargados se encuentran ingresos por tasas de control aéreo transferidos por Eurocontrol a Enaire, con un impacto estimado de 80 millones.
En el caso Infrared, los denunciantes han conseguido un embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres. Si no se alcanza un acuerdo con los inversores, advierte Blasket, las acciones judiciales «seguirán avanzando».
En junio, el Gobierno español abonó la indemnización correspondiente al caso JGC, y los inversores instan a usar ese precedente para resolver el resto de litigios pendientes. España se sitúa actualmente como el país con más laudos internacionales impagados, según los datos de la plataforma SpanishRenewableDebt.com, por delante incluso de Venezuela y Rusia.
La suma total reconocida por los tribunales en concepto de indemnizaciones supera los 1.492 millones de euros, a los que podrían añadirse hasta 386 millones adicionales en intereses y sobrecostes judiciales.