El 46% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado en la Región de Murcia se encuentra en riesgo de pobreza, según alertó el director de Cáritas Región de Murcia, Jesús Martínez-Pujalte, durante su intervención en la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional. El responsable de la ONG señaló que la vivienda se ha convertido en un “cuello de botella” para la integración social y en un motor clave de la exclusión social en la región.
En su comparecencia, Martínez-Pujalte destacó que el 23% de la población murciana presenta algún tipo de exclusión residencial, mientras que los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, han experimentado subidas significativas en los últimos años. Entre 2018 y 2024, el índice de precios de la vivienda ha subido un 35%, con aumentos del 54% en la obra nueva y 33% en segunda mano, mientras que el alquiler ha registrado un aumento del 25%. En este contexto, el director de Cáritas denunció que la vivienda es “más que nunca un falso derecho”.
El responsable de Cáritas también enmarcó esta situación en una realidad más amplia de pobreza infantil, destacando que cerca de 140.000 niños, niñas y adolescentes en la Región viven por debajo del umbral de la pobreza. Esto sitúa a la Comunidad como la más afectada por la pobreza infantil en España, con un 44% de menores en situación de pobreza, según el indicador AROPE. Martínez-Pujalte subrayó que “cada número representa a un niño que no tiene suficiente comida en su plato, que vive en una casa sin calefacción o que no puede acceder a actividades extraescolares porque su familia no puede pagarlas”, advirtiendo que la exclusión social es un problema heredado que duplica las probabilidades de perpetuar la pobreza en la edad adulta.
Cáritas atiende actualmente a 2.300 menores en la Región, principalmente en programas de refuerzo escolar y desarrollo integral, extendiendo su acompañamiento a las familias de los niños. Además, la organización ha respondido a las necesidades de 83.325 personas, la mayoría de ellas en hogares con más del 50% de familias con hijos menores a cargo y un 37% de familias monoparentales encabezadas por mujeres.
Además, el director de Cáritas destacó la inestabilidad laboral y el encarecimiento de la vivienda como factores que contribuyen al retraso de la emancipación juvenil, lo que genera una “transición a la adultez” más larga y frágil. Alrededor de 400.000 personas en la región, es decir, el 26% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, porcentaje que supera la media nacional. Las tasas de pobreza en la región se mantienen por encima del 24% desde 2018, lo que refleja una cronificación del problema.
Ante esta situación, Martínez-Pujalte pidió un Pacto Regional por la Infancia, que dé prioridad a los menores en las políticas públicas y destine más recursos a combatir la exclusión. “Una sociedad que condena a su infancia a la pobreza está hipotecando su propio futuro”, concluyó.
Desde los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE, Toñi Abenza, destacó la pobreza infantil como “crónica y estructural”, instando a poner en marcha “soluciones eficientes” ante una situación que “nos debería sonrojar como sociedad”. Por su parte, el diputado de Vox, Ignacio Arcas, señaló que el “ascensor social está averiado”, pero subrayó que el problema principal es la pobreza y no la desigualdad. Mientras tanto, desde la coalición Podemos-IU-Verdes, María Marín calificó la intervención de Cáritas como “rigurosa y honesta”, destacando que la pobreza infantil responde a un modelo estructural que perpetúa la pobreza intergeneracional.
La diputada del PP, Maruja Pelegrín, reconoció que las tasas de pobreza deben cambiar, subrayando que España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea y que se está trabajando en una ley de atención integral a la infancia para abordar el problema de forma global.