El campo sigue demandando la reforma de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor, que consideran enrevesada y de difícil aplicación.
En un acto a las puertas de la Asamblea Regional, previo a la presentación por Registro de su propuesta de modificacíon de la norma, los responsables de las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag, las cooperativas agrarias de Fecoam y la patronal Proexport, han manifestado la necesidad de que los diputados regionales, que comprometieron una reforma de la Ley, den los pasos necesarios para su reforma.
Todos ellos han señalado el «esfuerzo» realizado por los agricultores para adaptarse a esta Ley. Así, Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja, ha reclamado una modificación «razonable» de la norma para que «se adapte a la realidad productiva en el campo de Cartagena».
Por su parte, José Miguel Marín, presidente de Coag Región de Murcia, ha hablado del «absoluto respecto a la protección del ecosistema» en las propuestas del documento presentado en la Asamblea, que no colisionan con la conservación del ecosistema».
«Que nadie se deje llevar por demagogia», ha resaltado Marín, porque «lo único que hacemos es modificar aspectos que están limitando la producción agraria y están suponiendo un verdadero calvario para los agricultores de la cuenca vertiente al Mar Menor» y que «realmente pensamos que no están consiguiendo los objetivos» que se persiguen con la Ley.
Marcos Alarcón, secretario general de UPA, ha incidido en que la propuesta «de mejora» de la Ley presentada por las organizaciones agrarias obedece al «impacto lesivo que está teniendo sobre la producción agrícola y ganadera», sin contribuir «de manera decisiva a recuperar el estado del Mar Menor».
Ha reclamado a las formaciones políticas «que en las elecciones hicieron bandera de que propondrían una modificación de la Ley del Mar Menor«, que presenten un respuesta con su propuesta de modificación «si quieren tratar con respeto al sector agrario».
Para el responsable de UPA, «el diálogo interminable sin compromiso no es útil para el sector agrario», por lo que entiende que «habrá una falta de respeto al sector agrario y al conjunto de la sociedad, de no haber respuesta». Alarcón ha añadido que «si no tenemos ningún tipo de respuesta, no nos vamos a quedar quietos».
En cuanto al presidente de Fecoam, Santiago Martínez, ha apuntado que en la Ley del Mar Menor «hay artículos que es imposible cumplir» por parte del sector agrario.
Finalmente, Mariano Zapata, presidente de Proexport, ha explicado que «el sector agro ha hecho sus deberes y, después de estos cuatro años, nos hemos dado cuenta que hay artículos de muy difícil cumplimiento».
Zapata considera que en la norma «no existe diferencia entre sanciones leves y graves» y que las consecuencias de éstas afectan a la posibilidad de percibir en el futuro ayudas de los fondos operativos.
«El coste ha sido máximo a nivel de todos los agricultores minoritarios porque la Ley ha obligado a implantar muchas acciones, que después hemos tenido que demostrar con las medidas cautelares de Confederación», razón por la que Zapata ha incidido en la «importante inversión» realizada por parte de todos los agricultores ya que, por ejemplo, «en todos los invernaderos se ha tenido que poner canales de recogida de agua, lo que ha supuesto un coste importante».
Tras esta puesta en escena a las puertas de la Asamblea, los cinco responsables agrarios han presentado el documento de propuestas de modificación de la Ley del Mar Menor, en el Registro, suscrito por todas las entidades agrarias.
En él solicitan la modificación de determinados artículos de la ley que consideran desfasados o imposibles de ejecutar por las incongruencias con la agricultura que se practica actualmente en el Campo de Cartagena.
Concretamente, solicitan la modificación de una decena de artículos, en los que se incide especialmente en la implantación de barreras vegetales (art. 36), la orientación de la roturación del terreno (art. 38), la necesidad de incorporar la biosolarización como práctica de desinfección del suelo y de los inhibidores de la nitrificación (art. 29 y 52), la necesidad de actualización de los coeficientes de nitrógeno (art. 40), la excepción de la recogida de lluvias en invernaderos de pequeños agricultores, con superficies inferiores a 0,5 Ha. (art. 41), la adaptación de la aplicación de materia orgánica según las alertas meteorológicas no sobre calendario (art. 42), la regulación del Programa de Actuación en una norma de grado menor a la Ley, para poder adaptarlo y actualizarlo más fácilmente según los nuevos avances y sin el engorroso trámite legislativo y, respecto a la actividad ganadera, clarificar los modos de gestión de estiércoles y purines.
Punto de especial interés tiene para los agricultores el régimen sancionador (art. 81 y 83), ya que consideran que los rangos de sanciones tipificados excenden el principio de proporcionalidad de la pena respecto al daño causado. En este sentido, reclaman cantidades pecuniarias sensiblemente menores. Y más concretamente, consideran desproporcionado que en las sanciones graves o muy graves se inhabilite para recibir ayudas o subvenciones de la CCAA, por lo que «exigen la eliminación de este artículo».