El interventor general de la Comunidad Autónoma, David Rodríguez, ha detallado durante su comparecencia para informar sobre la Cuenta General de 2023 que el ajuste realizado por el Tribunal de Cuentas sobre el remanente de tesorería se redujo en un 20% en un año, pasando de los 4.600 millones de euros en 2022 a 3.750 millones de euros en 2023, lo que supone 863 millones de euros menos.
Esta reducción, ha señalado, responde a la solución contable consensuada con el propio tribunal para resolver la distorsión que generaban las deudas del Servicio Murciano de Salud (SMS) con la Administración regional por el pago a proveedores. «Hemos realizado un deterioro del valor de estos derechos considerándolos como de dudoso cobro, de modo que compensamos esas cantidades», ha indicado Rodríguez, precisando que este ajuste en los derechos pendientes de cobro ha pasado de 1.575 millones a cero.
Por el contrario, el ajuste por obligaciones pendientes de pago aumentó en 2023 debido al «déficit de presupuestación anual» del SMS, es decir, la diferencia entre los créditos iniciales y el gasto real de la actividad sanitaria. Esta deuda pendiente de reconocimiento presupuestario según el criterio del Tribunal ascendió a 3.724 millones de euros, lo que representa el 99,84% del recálculo total del saldo del remanente de tesorería.
El interventor general ha advertido de que la aplicación de estas correcciones contables y de deterioro del valor de los créditos del SMS ha tenido un impacto transversal en el resto de magnitudes de la Cuenta General que «un lector poco informado podría considerar errores o gestión defectuosa».
Entre estas consecuencias, ha citado el incremento del patrimonio neto negativo, que escaló de 7.100 millones en 2022 a 9.600 millones al cierre de 2023, así como el deterioro del fondo de maniobra (situado en 1.583 millones) y un desahorro en el resultado económico-patrimonial de 2.500 millones de euros.
Rodríguez ha eximido de responsabilidad a los gestores del Servicio Murciano de Salud por esta situación, aclarando que estos resultados contables derivan exclusivamente de la configuración legal del organismo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio diferenciado de la Comunidad Autónoma.
Datos presupuestarios y tensiones de tesorería
Respecto a las grandes magnitudes económicas de 2023, Rodríguez ha informado de que los créditos definitivos alcanzaron los 8.600 millones de euros, tras registrarse modificaciones netas por valor de 1.000 millones (un 140% más que el año previo), motivadas principalmente por una transferencia extraordinaria de 789 millones de euros para cancelar deuda acumulada de los entes públicos. El grado de ejecución del presupuesto se situó en el 90%.
Por el lado de los ingresos, los derechos reconocidos netos sumaron 7.905 millones de euros (un 13% más que en 2022), manteniéndose el sistema de financiación autonómica como la principal fuente de recursos al aportar el 57% del total. El déficit regional cerró en el 2,3% del PIB -frente al objetivo indicativo del -0,3%, en un año con reglas fiscales suspendidas- y la deuda pública se situó en el entorno de los 12.100 millones de euros, un 7% más.
Asimismo, ha reconocido que el Periodo Medio de Pago (PMP) se situó por encima de los 30 días durante prácticamente todo el ejercicio, superando los 60 días en febrero, marzo, abril y noviembre. El interventor ha achacado este retraso a las «tensiones de tesorería» provocadas por las entregas a cuenta del sistema de financiación, que no cubren adecuadamente las necesidades de liquidez, y a las demoras de entre seis y doce meses en la percepción de los fondos adicionales del FLA (extra FLA).
Para finalizar, David Rodríguez ha coincidido con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de adaptar las dotaciones presupuestarias a las necesidades reales del servicio sanitario, si bien ha remarcado que el incremento del gasto en sanidad es un problema común a todas las comunidades autónomas por la rigidez de la normativa y el aumento de la esperanza de vida.
«Como indica el propio Tribunal de Cuentas, las medidas particulares por sí solas no pueden minorar el déficit acumulado, siendo manifestamente insuficientes», ha concluido, vinculando la solución definitiva de la Región de Murcia a la reforma del sistema de financiación autonómica pendiente desde el año 2017.