La organización agraria COAG Andalucía ha lamentado «el cese definitivo» de la actividad en la planta de Azucarera en Jerez de la Frontera, lo que va atraer consigo «el fin» del cultivo de la remolacha en esta comarca.
Aunque la empresa lo define como cierre «momentáneo», desde la asociación agraria ha advertido que la decisión «no sólo marca el final de más de un siglo de historia industrial y agrícola en la provincia», sino que «simboliza la crisis estructural que desmantela el sector agrario español, dejando apenas dos de las 90 fábricas azucareras que existieron en el país».
Para COAG Andalucía, el cierre de Jerez es «el reflejo de un modelo industrial y político fallido que prioriza la rentabilidad global inmediata sobre la sostenibilidad y el arraigo territorial».
En este sentido, Diego Bellido, responsable de remolacha de COAG Andalucía, ha afirmado que «la desaparición de la industria implica la desaparición de los cultivos» y que con ellos «se pierde valor añadido, empleo rural, sostenibilidad», considerando «más grave» la pérdida de «la soberanía alimentaria».
El responsable de COAG ha explicado además que «la agonía» de la remolacha es «consecuencia directa de una combinación de presiones que ahogan al sector», exponiendo a este respecto la política de precios, «con una caída constante de los precios percibidos por el agricultor», y el aumento de costes, «con una escalada de los costes de producción, una regulación excesiva, con restricciones fitosanitarias cada vez más exigentes sin alternativas viables», a lo que se suma «la falta de apoyo público», con «reducción de las ayudas específicas y una reestructuración industrial que empuja la producción fuera de nuestras fronteras».
Al hilo de todo esto, la entidad ha denunciado que Azucarera «invierte 42 millones de dólares para trasladar parte de su producción a Paraguay«, lo que supone «un gran daño», ya que «esta deslocalización supone graves consecuencias para el campo español».
«Estamos asistiendo al final de uno de los cultivos más sociales y emblemáticos de nuestro país, aquel que impulsó el desarrollo económico de nuestras zonas rurales y contribuyó a fijar población en el territorio», ha manifestado Diego Bellido, quien ha añadido que la remolacha azucarera «ha sido defenestrada y vilipendiada, víctima de políticas que no han sabido reconocer su valor social, económico y ambiental como motor de cohesión territorial».
Por todo ello, la organización agraria ha considerado «necesario» que la Política Agraria Común «vuelva a su esencia», que no es otra que «proteger a quienes alimentan Europa, garantizar un medio rural vivo y asegurar la soberanía alimentaria de sus pueblos».
Asimismo, ha reclamado a las administraciones públicas una respuesta «inmediata y coordinada» que debe incluir «alternativas viables», con «una oferta de soluciones concretas» para agricultores, trabajadores y empresas afectadas, además de «medidas urgentes» para proteger la producción nacional de remolacha en las zonas restantes y protección para «garantizar el empleo rural» vinculado a este sector.