El control del regadío ha reducido a la tercera parte la extracción de agua en el acuífero del Campo de Cartagena, aliviando la presión sobre el Mar Menor. En concreto, el volumen de extracción estimado con indicios de ilegalidad bajó de 44,7 hectómetros cúbicos en 2019 a 14,6 en 2024, un 67% menos, principalmente por el repliegue de los cultivos hortícolas.
Esta es una de las conclusiones de la investigación ‘Aquí se roba agua. La agricultura ilegal sigue secando el Mar Menor. Acuífero del Campo de Cartagena’, elaborada por WWF España a partir del análisis con teledetección (imágenes de satélite Sentinel-2) y la cartografía oficial del sistema ‘Alberca’ de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
El estudio analiza la evolución de las extracciones entre 2019 y 2024. Tras un periodo de relativa estabilidad entre 2019 (8.832 hectáreas regadas en posible ilegalidad) y 2022 (9.072 ha.), las inspecciones, la declaración de la masa de agua en riesgo cuantitativo y químico y la aplicación de la Ley 3/2020 de protección del Mar Menor han propiciado un desplome acelerado de la actividad irregular.
En 2023 la superficie regada sin derechos cayó a 4.111 hectáreas y un año después hasta las 2.764, acumulando una reducción de cerca del 70% respecto al máximo de 2022.
El análisis visual de las fincas de cultivos de herbáceos dentro de las zonas con derechos (por ejemplo, en el perímetro de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena) no muestra cambios significativos en la superficie cultivada.
Una «mejora significativa» tras la «sopa verde» de 2019
“Casi diez años después del primer episodio de ‘sopa verde’ y tras el grave colapso de 2019, los datos de los últimos cuatro años muestran una mejora significativa de la situación en el Campo de Cartagena. Esta evolución positiva parece estar impulsada por un control más riguroso de la Administración pública y por una mejor gestión por parte de los usuarios”, señalan los autores de la investigación de WWF España.
Sin embargo, advierten que “la mejora observada no elimina la necesidad de mantener y consolidar las medidas de control y gestión, ya que la situación está lejos de estar resuelta por completo”.
La mayor parte de la reducción detectada corresponde a los cultivos hortícolas de regadío intensivo. En 2022, este tipo de cultivos ocupaba 7.291 hectáreas en posible situación de ilegalidad, mientras que en 2023 se redujo a 933 (una disminución de más del 85 %) y se situó en 678 hectáreas. en 2024.
Por su parte, la superficie de leñosos en situación irregular (cítricos, almendros, olivos) pasó de 2.897 hectáreas en 2019 a 1.968 en 2024.
El área regada en la ‘Zona 0’ del colapso cayó más del 40% en cinco años
El estudio realiza un análisis específico sobre la denominada Zona 0, la franja de 1.500 metros en torno a la laguna fijada para su especial protección frente a la aportación de nitratos, fertilizantes y fitosanitarios. En 2019 se detectaron 1.245 hectáreas regadas en esta franja, que en 2024 cayó hasta las 534 hectáreas, lo que equivale al 43 % de la superficie inicial identificada antes de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor.
“El control y el desmantelamiento de las infraestructuras dedicadas a la extracción ilegal del agua con destino al riego debe continuar siendo una prioridad para las administraciones públicas”, han recalcado desde WWF.
Asimismo, la organización apunta que aunque “las medidas funcionan”, hay que “abordar con firmeza” el problema que causan “algunos usuarios que se creen por encima de la ley, en perjuicio del ecosistema y de los agricultores que ejercen su actividad dentro de la legalidad”.
Pese a los avances constatados, el informe subraya que las presiones estructurales persisten y reclama a las administraciones competentes acelerar sus planes de actuación.
Así, al Gobierno de la Región de Murcia le pide eliminar todos los regadíos ilegales fuera de los instrumentos de ordenación del suelo, desincentivar ayudas a la implantación de leñosos en regadío intensivo por su consumo estructural y promover un plan de transición justa y reconversión económica para el sector primario local.
A la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) le solicita aprobar y ejecutar con urgencia el programa de actuación de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, proceder al cierre cautelar de captaciones sin derecho privativo consolidado en firme y mantener las labores de inspección.
Por su parte, a los ministerios para la Transición Ecológica, de Agricultura y del Interior les insta a dotar de mayor control telemático y telemetría a las redes de piezómetros, garantizar la coordinación entre los derechos de agua y las ayudas de la PAC para evitar transferencias a infractores, y reforzar los medios del Seprona y de la Ucoma de la Guardia Civil.