El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha adjudicado este lunes por 9,1 millones de euros las obras del nuevo edificio administrativo de Santa Lucía.
El vicepresidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, ha subrayado que este proyecto “tiene un especial protagonismo, ya que hace accesible el frente marítimo de Santa Lucía a los vecinos”. El proyecto pretende abrir el mar a los cartageneros.
Para ello, la propuesta plantea la eliminación de todas las construcciones que aparecen desperdigadas por el recinto, como el edificio de control, la nave taller, almacenes, oficinas, marquesinas para coches, vallado y el edificio sindicatos, entre otros.
Todos los usos se unificarán en un único edificio de 2.500 metros cuadrados, con un añadido de interés urbano, ya que se eliminarán los límites o barreras físicas de la parcela, permitiendo la permeabilidad de uso al ciudadano hasta el propio cantil del muelle.
Además, al construir un edificio más compacto, se liberan más de 11.000 metros cuadrados, con el propósito de mejorar el disfrute paisajístico. Será la primera vez que el frente marítimo de Santa Lucía se haga accesible para todos los vecinos.
Hernández ha reconocido que los espacios urbanos liberados “están sin definir y se irán decidiendo conjuntamente con el Ayuntamiento y los vecinos de Santa Lucía, que se reflejará en otro proyecto de adecuación de espacios urbanos”.
Al consejo de administración ha asistido como invitado el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, quien ha conocido de primera mano las inversiones futuras del Puerto de Cartagena.
El vicepresidente de la APC ha dado cuenta de las actuaciones que se están llevando a cabo en materia ferroviaria, como la estación de Escombreras que se pretende poner en servicio a mitad del próximo año, y ha reclamado la necesidad de definir la conexión con la ZAL, la nueva variante con Alumbres y su conexión con el Corredor Mediterráneo.
También se ha referido a la situación de El Gorguel que, pasado un tiempo desde que se presentara el requerimiento en junio, “no se ha recibido respuesta del Ministerio”. Hernández confía en que el Gobierno central resuelva positivamente “este proyecto tan importante” tras la reunión el pasado viernes entre el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, y el presidente Pedro Sánchez.
Por otro lado, el consejo de administración ha dado luz verde a la renovación de licencia para el servicio de practicaje, la modificación de la ordenanza ‘Cartagena Port Control’, la ordenanza para el turno de atraques, y ha dado cuenta del informe favorable de la IGAE a las cuentas anuales de 2023. También se ha constituido el Comité de Riesgos y Cumplimiento normativo.