Tras su dimisión en 2015, llega nueve años después el juicio para el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y otros 14 investigados en el caso del contrato de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena). En el caso de Cerdá, los delitos de que se le acusan suman un total de 14 años de prisión.
La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, ha ordenado este martes la apertura de juicio oral a 15 de los investigados por prevaricación continuada en concurso con fraude y malversación en el caso conocido como ‘La Sal’, relativo al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena), construida en 2010 para producir 63.000 metros cúbicos de agua diarios.
El fiscal presentó escrito de acusación por en el que solicitaba penas de 8 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 15 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La acusación solicita, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado de 70 millones de euros, escrito al que se adhiére la acusación popular.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como actor civil, ha solicitado la apertura de juicio oral y ha exigido responsabilidad civil por valor de 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta.
Tanto el Ministerio Fiscal como la Comunidad Autónoma han fijado esa cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora, por ello se requiere a los acusados una fianza de 70 millones de euros, y de no ser así se decretaría el embargo de bienes.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), también se abre juicio oral a las mercantiles Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Hydro Management SL, Cobra Concesiones SL, Moncobra SA, Tedagua SA, Cobra Instalaciones y Servicios S.A, Cobra Gestión de Infraestructuras y Moncobra SA como posibles responsables civiles subsidiarios, así como a las empresas Ariño y Asociados SL, Despacho González Varas y Arnaldos Abogados SLP, como participes a título lucrativo.
Esta primera investigación se centra en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el exconsejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina “parte pública”, y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o “parte privada”.
La acusación pide a todos los acusados para los delitos de prevaricación continuada y malversación de caudales públicos quince años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, respecto a los acusados que sean funcionarios públicos, y 8 años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta.
Además la acusación solicita para el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y para Amalio Garrido, gerente del ente público del agua (EPA) por el delito de prevaricación continuada respecto a la contratación de tres servicios de asesoría jurídica para las Entidades Públicas un total de 15 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, y solicita para el acusado A.A. un total de 9 años de inhabilitación especial en relación con el derecho a ser contratado por las Administraciones Públicas.
Y respecto al delito continuado de prevaricación en concurso ideal con delito de falsedad en documento público por el documento de disponibilidad de agua para Alhama Golf Resort SL y el Ayuntamiento de Aledo, la acusación pide 6 años de prisión a Antonio Cerdá y Miguel Ángel Ródenas, exdirector general de Agua, así como una multa de 21.600 euros y 6 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para ambos.
Se requiere a los acusados una fianza de 70 millones de euros, responsabilidad civil que, según indica la resolución, estará ligada al devenir de conocido como caso ‘La Sal II’, en el que está acusado el expresidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel.
Será la Audiencia Provincial de Murcia la encargada del enjuiciamiento y fallo del procedimiento, según han explicado las fuentes, que han señalado que contra este auto no cabe recurso.
Además, en un segundo auto, la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional respecto del administrador inicial de Hidromanagement y un consejero delegado solidario hasta septiembre de 2005, tal como solicitó la acusación pública.
Asimismo, la magistrada ha decidido mantener de forma preventiva la prohibición de disponer de la Planta Desaladora de Escombreras y ha abierto una pieza separada de responsabilidad civil para resolver la medida cautelar solicitada por la Comunidad Autónoma, a la que se adhiere el Ministerio Fiscal, de que las cuotas del contrato de arrendamiento que Desaladora de Escombreras tiene que abonar a Hydromanagement (dinero procedente de transferencias de ESAMUR y a cargo de los presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma) se depositen en la cuenta judicial de consignaciones como depósito.