El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de aplicación para la prórroga en 2026 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, actualmente en vigor ante la falta de nuevas cuentas públicas en 2024 y 2025. La decisión se ajusta a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, que prevé la prórroga automática del presupuesto anterior cuando no se aprueba uno nuevo antes del 1 de enero.
De este modo, las cuentas de 2023 se prorrogarán por tercera vez consecutiva a partir del próximo 1 de enero de 2026, a la espera de que el Gobierno presente un nuevo proyecto presupuestario en la primera parte del año. Se trata de la undécima prórroga presupuestaria desde la democracia, tras las registradas en 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, dos veces en 2018 y ahora nuevamente con las de 2023.
En paralelo, el Ejecutivo ya ha aprobado el límite de gasto no financiero para 2026, conocido como techo de gasto, que asciende a 216.177 millones de euros, así como la senda de déficit y deuda para el conjunto de las administraciones públicas, pese a que esta fue rechazada por el Congreso de los Diputados.
Al no prosperar la senda fiscal en la Cámara Baja, entrará en vigor la incluida en el plan fiscal estructural a medio plazo remitido a Bruselas, que reduce el margen de gasto de las comunidades autónomas y concede mayor flexibilidad a la Administración Central. El déficit del conjunto de las administraciones se fija en el 2,1% en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028, mientras que la deuda pública se sitúa en el 100,9% del PIB en 2026, 100% en 2027 y 99,1% en 2028.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que los Presupuestos de 2026 serán “expansivos y responsables” y ha indicado que el Gobierno trabaja para que sean percibidos como una “necesidad” por la mayoría de los grupos parlamentarios.
Plan de Recuperación y fondos europeos
Los criterios aprobados incluyen ajustes vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo despliegue concluye a finales de 2026. En este marco, el Consejo de Ministros aprobó el 16 de septiembre de 2025 la denominada adenda dana, destinada a atender los daños causados por este episodio entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Esta modificación incorpora el Componente 32, orientado al apoyo a la recuperación frente a desastres naturales y crisis externas, mediante la reorientación de inversiones procedentes de partidas ya ejecutadas o ajustadas desde la aprobación del plan en 2021. Asimismo, el 9 de diciembre de 2025 se aprobó una nueva adenda de simplificación para reducir cargas administrativas, reforzar prioridades estratégicas y optimizar el uso de los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Hasta la aprobación de unos nuevos Presupuestos, los ministerios deberán adaptar los créditos prorrogados a las necesidades del Plan de Recuperación durante 2026, como requisito previo al inicio de nuevos expedientes de gasto asociados a los fondos Next Generation.