Cerca de 300 alegaciones. Este es el dato aportado por el Ayuntamiento de Lorca en relación a las reclamaciones presentadas y que se han registrado de la mano del Consistorio tras el periodo de exposición pública abierto por el Ministerio de Transición Ecológica tras la publicación, el pasado julio, del último mapa de zonas de flujo preferente elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura y que incrementa en más de un 50% las zonas de riesgo en el municipio, afectando este en su mayor medida a las pedanías de La Escucha, Purias, Torrecilla, Campillo y Cazalla.
Así lo ha trasladado el concejal de Infraestructuras, Ángel Meca, junto a la edil de Urbanismo, María Hernández, que ha especificado que “estas son las alegaciones registradas a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, que son unas 170, a las que se deben añadir las que se han realizado de manera directa particulares o empresas. A las de carácter técnico, se han sumado las de ámbito patrimonial, jurídico y social”.
Ambos han dado testimonio del drama social que está suponiendo este último varapalo por parte de la Confederación, del que subyace, además, “una gran irresponsabilidad. Esperemos que no haya una desgracia. Hace poco recordamos lo acontecido en Valencia hace un año, o lo que hemos vivido en Lorca, en 2012 y en anteriores avenidas; catástrofes que se podrían evitar, ha indicado Meca”.
“Estos mapas parecen, además de expropiaciones en cubierta, una especie de salvoconducto al Ministerio de Transición para no realizar las infraestructuras de defensa ante avenidas que estamos reclamando desde hace décadas el municipio. Pero mal hecho, porque estas líneas de colores no cuentan con rigor técnico, ni profesionalidad, ni coherencia, ni consenso. Un argumento al que se suma la Plataforma Pailorca; que solicita también las construcciones hidráulicas necesarias frente a riadas”, ha reseñado Hernández.
Una reclamación histórica a la que se suman también entidades como Cámara de Comercio, Ceclor, Colegios Profesionales de Ingenieros de Caminos, de Abogados, decenas de Asociaciones y los propios residentes de esos enclaves que saben de lo que hablan.
En este caso, la afección alcanza las 3.500 hectáreas, con un coste económico que puede superar los 200 millones de euros. “Tenemos que pensar no sólo en el presente, sino en el futuro de muchos negocios, empresas, granjas, explotaciones ganaderas …, que están condenados a la ruina. Por eso vamos a pedir la nulidad de todo este proceso de exposición pública”, ha anunciado Meca.
“Desde la publicación de esta cuarta actualización de mapas de zonas de flujo preferente de la Confederación, -ha sumado el edil- hemos recibido centenares de consultas, sobre todo de vecinos preocupados en saber si su terreno está afectado por el nuevo mapa, en qué medida les perjudica o cómo proceder ante la administración, aunque la tónica general de todos ellos es la preocupación y la indignación”.
Y es que los casos no son para menos. Jóvenes que se acaban de comprar un terreno para poner en marcha su proyecto de vida, que tienen que pagar su hipoteca, y ahora no pueden construir. Otras familias que han recibido su terreno, por ejemplo, en herencia con el sacrificio de sus padres, y que ahora tampoco van a poder serles de utilidad. Y todo acompañado de una devaluación del suelo en detrimento del desarrollo a todos los niveles.
Aquí hay que sumar la construcción de determinadas infraestructuras y servicios que no se van a poder llevar a cabo. Empresas que no podrán abrir la persiana; negocios que no van a poder crecer más; nuevas limitaciones para muchas explotaciones ganaderas y agrícolas (granjas, por ejemplo, a las que ahora no se les permite ampliarse, teniendo que hacerlo para implementar las medidas requeridas desde Europa en relación al bienestar animal…. Hay muchos casos. Pero el resultado, en definitiva: un desastre social, económico, empresarial, etc.
La movilización institucional y social ha hecho, además, que perjudicados por anteriores publicaciones de mapas de zonas de flujo hayan ‘caído en la cuenta’ de que su parcela está afectada, lo que ha hecho que se incremente el número de alegaciones. Vecinos de Río, Tercia o La Hoya, por ejemplo.
“Este equipo de Gobierno va a seguir defendiendo a los vecinos y trasladando paso a paso toda la información, ayudándoles en todo el proceso. Como saben, tuvimos que convocar una reunión en el Palacio de Ferias y Congresos con cerca de medio millar de asistentes; hemos abierto oficinas de información en La Escucha, Torrecilla, Cazalla y Campillo; recibido centenares de llamadas. Los técnicos de las concejalías, saturados, teniendo que derivarlos para resolver estas cuestiones. Todo esto ya supone un coste a los lorquinos; pero, si esto no se para, estamos seguros de que lo peor está por llegar. No lo vamos a permitir”, han concluido ambos concejales.