La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado este martes el inicio de una campaña para organizar la primera huelga estatal de alquileres contra la inmobiliaria Alquiler Seguro, a la que acusa de sostener prácticas «sistemáticas y estructurales contrarias a la legalidad», ha informado en un comunicado. A la campaña contra Alquiler Seguro se han unido también el Sindicato de Vivienda de Murcia, LAB Etxebizitza (Euskal Herria), el Sindicat d’Habitatge de Carolines (Alacant) y Derecho al Techo (Gran Canaria).
Esta campaña, explica, llega tras años de conflictos, denuncias y procesos judiciales. «No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de suministros con empresas del mismo grupo, de la falta de mantenimiento y de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda», ha argumentado la confederación.
Como punto de partida, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha afirmado que recorrerá las casi 30.000 viviendas gestionadas por Alquiler Seguro en todo España para informar y organizar a las inquilinas.
Según afirman, ya cuentan con cientos de familias organizadas, muchas de ellas afectadas que han acudido a los sindicatos por iniciativa propia: «Son inquilinas que nos han llamado tras años de abusos. La gente está harta y quiere pasar a la acción», aseguran desde la Confederación.
Sus principales reivindicaciones pasan por la recuperación del dinero «estafado», aunque la Confederación precisa que esta lucha no es sólo por las inquilinas de Alquiler Seguro, sino también para combatir el aumento del precio por acceder a una vivienda de alquiler. «Cada 5 ó 7 años nos vemos obligadas a desembolsar más de 4.000 euros para entrar en una vivienda de alquiler y subiendo», denuncia.
El conflicto se inició en febrero de 2024, cuando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid presentó una demanda en los tribunales y seguidamente presentó una denuncia ante la Dirección General de Consumo por prácticas como el cobro ilegal de honorarios, la imposición de cláusulas abusivas o la vulneración del derecho de desistimiento.
Esta denuncia ha derivado en una sanción de 3,6 millones de euros por parte del Ministerio de Consumo, pendiente de una resolución definitiva.
En paralelo, el sindicato mantiene una demanda judicial contra la empresa por el cobro «encubierto» de honorarios y la gestión «irregular» de depósitos.
No obstante, el juicio no comenzará hasta febrero de 2028, lo que evidencia, según denuncian, la incapacidad de la justicia para responder a la emergencia habitacional actual. «La justicia es demasiado lenta para frenar abusos que sufrimos cada día. Por eso hemos decidido tomar la iniciativa», defienden desde la organización.
En opinión de la Confederación, ni la sanción de Consumo, que no tiene efecto para arrendatarios que ya han pagado, ni la vía judicial particular, podrán hacer justicia y por ello se propone la campaña de huelga «como acto de desobediencia y acción directa contra los abusos».
La campaña se desarrollará por fases y la convocatoria definitiva de huelga se debatirá y aprobará en asambleas de inquilinas una vez termine la primera fase, centrada en entrar en contacto con todas las inquilinas. Por esa razón, precisa la Confederación, el inicio de la huelga aún no tiene fecha.
Desde la organización aseguran que el modelo de negocio de Alquiler Seguro «no podrá soportar una huelga de estas características y se verá obligado a reorganizar su funcionamiento».
«No podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen», afirman desde los Sindicatos de Inquilinas, que consideran probable que la inmobiliaria deje de cumplir también con sus obligaciones hacia los caseros, «del mismo modo que ya incumple sistemáticamente sus responsabilidades con las inquilinas».
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas es una agrupación de sindicatos de inquilinas de más de una docena de ciudades y territorios (Cataluña, Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Ibiza, Cádiz, Asturias, Vigo, Guadalajara, Segovia) que coordina estrategias comunes en defensa del derecho a la vivienda.
La Confederación nació el pasado año como espacio de coordinación del movimiento de inquilinas a nivel estatal y tiene como objetivo impulsar campañas conjuntas contra los «abusos» del mercado del alquiler, promover la organización colectiva de las arrendatarias y actuar como herramienta para extender conflictos locales a escala estatal.