El salario mínimo interprofesional (SMI) se ha situado como la franja salarial más frecuente en España tras una subida acumulada del 60,9% en siete años, sin que ese incremento se haya trasladado de forma equivalente al resto de la estructura salarial. Así lo señala el cuarto informe de la comisión asesora para el análisis del SMI, publicado este mes.
El documento advierte de una concentración de asalariados en una banda salarial estrecha en torno al SMI, lo que supone que deje de ser una referencia asociada al trabajo sin cualificación o sin experiencia. La comisión alerta del “peligro potencial de que personas trabajadoras experimentadas o con una cualificación media queden dentro de dicha banda”.
Entre 2018 y 2025, el SMI pasó de 735,90 euros brutos mensuales a 1.184 euros, un incremento que, según los expertos, apenas ha generado arrastre sobre los salarios superiores. El informe señala que, aunque existe cierta transmisión al alza, “esta parece ser limitada”.
La encuesta de estructura salarial de 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la última disponible, muestra que el desplazamiento de trabajadores con salarios bajos hacia la franja de 15.000 a 16.000 euros brutos anuales ha convertido ese intervalo en el más común. En ese ejercicio, el SMI se situó en 15.120 euros brutos anuales, y uno de cada cuatro asalariados declaró ingresos de entre 14.000 y 20.000 euros.
Debate abierto sobre la subida del SMI en 2026
El Ministerio de Trabajo mantiene las consultas con los agentes sociales para fijar el SMI de 2026, que previsiblemente subiría un 3,1%, hasta 1.221 euros brutos mensuales, si se mantiene exento de IRPF. La propuesta definitiva se presentará tras las vacaciones de Navidad, con la previsión de aprobarla a finales de enero con efecto retroactivo desde el día 1.
El escenario de acuerdo es complejo. La patronal CEOE-Cepyme plantea una subida del 1,5%, hasta 1.202 euros, sujeta a tributación, mientras que CCOO y UGT proponen un aumento del 7,5%, hasta 1.273 euros, también con retención fiscal. En paralelo, sigue sobre la mesa la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, que el Ministerio de Trabajo considera clave para limitar la absorción de complementos salariales por parte de las empresas.
Actualmente, la normativa permite neutralizar el incremento del SMI mediante la absorción de pluses ligados a condiciones laborales, una práctica que los sindicatos califican de poco transparente y difícil de cuantificar en su impacto real sobre los perceptores del salario mínimo.