La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Región de Murcia contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa los planes hidrológicos de varias cuencas, incluida la del río Tajo. El decreto fija un nuevo régimen de caudales ecológicos que, según el Ejecutivo murciano, reducirá en torno al 50% el volumen del trasvase Tajo-Segura.
El Gobierno regional defendió ante el tribunal que recurrió “una decisión política del Gobierno de España que no está basada en ningún criterio técnico o científico, y que perjudica gravemente a la Región de Murcia y al Levante español”. En su comunicado, el Ejecutivo autonómico advirtió de que “del agua del trasvase dependen miles de puestos de trabajo en la Región y no es justo condenar a miles de personas al paro por una decisión ideológica”.
La sentencia del Supremo confirma la validez del Real Decreto 35/2023, que afecta también a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar, Duero, Guadiana y Ebro, entre otras. El fallo desestima las alegaciones murcianas por considerar que el escrito “ofrece de una manera prolija distintos motivos en los que, a su vez, despliega, de manera profusa, muy distintos argumentos, muchos de los cuales son circulares y reiterativos en distintos pasajes de la demanda”.
El fallo consolida los nuevos caudales y divide a las comunidades afectadas
El recurso, presentado el 5 de abril de 2023, fue contestado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía y la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, que defendieron el incremento de caudales como una medida necesaria para garantizar el buen estado ecológico del río.
El Gobierno regional sostiene que el trasvase Tajo-Segura ha demostrado ser “una herramienta eficaz cuya utilidad ha quedado demostrada especialmente en un tiempo de sequía, donde la cabecera del Tajo ha dispuesto de unas reservas de agua históricas con las que se ha garantizado el consumo y el riego de todo el Levante español”.
Tras la resolución, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma estudian el pronunciamiento del Tribunal Supremo y valoran posibles actuaciones posteriores. Desde el Ejecutivo regional califican de “aún más injustificable y mucho más injusta” la aplicación de la medida, que consideran “inasumible para nuestros regantes y agricultores”.