La negociación sobre la incapacidad temporal (IT) ha reabierto las diferencias entre Gobierno, patronal y sindicatos, tanto en el enfoque como en los plazos para adoptar medidas. Mientras la patronal reclama decisiones inmediatas, las centrales sindicales condicionan cualquier avance a la resolución de otros compromisos pendientes en el diálogo social.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado de nuevo la mesa de diálogo social sobre IT, en un contexto en el que sigue sin activarse el anunciado observatorio de las bajas. La mesa se abrió en octubre de 2024 e incluyó propuestas como la incorporación progresiva al trabajo en determinados supuestos tras recibir el alta médica, una iniciativa que generó discrepancias internas en el Ejecutivo y debate público.
Presión empresarial y prudencia del Ejecutivo
La CEOE y Cepyme sostienen desde hace meses que la IT por contingencias comunes constituye un “problema de país” por su impacto sanitario, económico y organizativo. “No se puede esperar más, queremos acción”, señalan fuentes empresariales, que advierten del riesgo de que el Ejecutivo “vaya a marear la perdiz” sin adoptar medidas concretas.
Entre las actuaciones planteadas por la patronal figuran la emisión de instrucciones por parte de la Seguridad Social para reforzar controles, campañas dirigidas a trabajadores con mayor acumulación de bajas, mayor protagonismo de las mutuas colaboradoras y mejoras en la coordinación con los servicios sanitarios. También apuntan al papel del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la supervisión de los procesos.
El debate se reactivó tras el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, después de que la negociación quedara en pausa por la controversia sobre la subida de cuotas de autónomos, finalmente congeladas para 2026.
Condiciones sindicales y asuntos pendientes
Los sindicatos rechazan abordar la cuestión desde una perspectiva que, a su juicio, sitúe el foco en la conducta de los trabajadores. Desde CCOO, su secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo, defiende reforzar los recursos públicos y descarta que las mutuas asuman competencias en altas y bajas. “Que se refuerce lo que haga falta desde lo público”, señala, y añade que “no puede ser que la responsabilidad del control de la IT dependa de esas entidades empresariales”.
Por su parte, UGT plantea analizar las empresas con mayores índices de bajas y reforzar la prevención de riesgos laborales. Además, ambas organizaciones han advertido de que no avanzarán en la negociación mientras no se resuelvan dos cuestiones pendientes: la jubilación parcial de empleados públicos y la situación de trabajadores con bases máximas jubilados anticipadamente por expedientes de regulación de empleo. “Hasta que esas cuestiones básicas no se resuelvan (…) vemos imposible avanzar en las bajas laborales”, afirmó la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, tras la última reunión.
El Ejecutivo trata de modular los tiempos en un asunto con impacto presupuestario y competencias sanitarias transferidas a las comunidades autónomas, donde el equilibrio entre control del gasto y derechos laborales condiciona el margen de actuación.