La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, planteará a la Mesa de la Justicia, convocada para el próximo 8 de octubre, que se dirija al Ministerio para exigir financiación presupuestaria o de fondos europeos para la materialización del proyecto de la Ciudad de la Justicia en una parcela de 25.000 metros frente al hospital Santa Lucía.
La regidora ha manifestado que en ese escrito se pedirá que “se destine una partida concreta y específica al proyecto” y en el caso de que el Gobierno no logre aprobar las cuentas estatales o renuncie nuevamente a presentaras, “pediremos que se comprometan fondos europeos para asegurar la construcción de la nueva infraestructura”.
Hace dos años, en septiembre de 2022, Arroyo mantuvo una reunión con la por entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, quien confirmó la aprobación del proyecto, para el que se prevé una inversión aproximada de 40 millones de euros.
Por otra parte, la primera edil ha recordado que debido a los numerosos cambios en la cúpula del Ministerio y entre sus principales responsables, requerirá a la Mesa que informe al ministro “de las necesidades que deben ser cubiertas en las nuevas instalaciones”, una relación detallada que, ha explicado, “fue elaborada por los colegios profesionales y los principales agentes de la justicia en Cartagena”.
La alcaldesa ha participado en el acto con motivo de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, Día de la Policía Nacional, donde ha recordado que las Fuerzas de Seguridad “conforman un todo con la administración de justicia, y, aunque siempre es posible mejorar su dotación y recursos, lo que es urgente es dotar a la justicia de los medios necesarios para terminar con su dispersión por Cartagena”.
En este sentido, Noelia Arroyo ha insistido en la necesidad de acabar “con la precariedad de medios y espacios que padecen tanto los profesionales como los usuarios de la justicia”, además de asegurar que “llevamos un largo camino recorrido para dotar a Cartagena de una Ciudad de la Justicia a la altura y se trata de una demanda social respaldada por todos los agentes sociales y políticos” ha concluido.