La consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha comparecido a petición propia en la Asamblea Regional para informar del impacto socioeconómico del recorte del trasvase Tajo-Segura y ha alertado de que el incremento del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez, el «segundo escalón del hachazo», supone «un recorte al año de 70 hectómetros cúbicos».
Rubira ha sostenido que los análisis de expertos han apuntado a que, con el nuevo Plan del Tajo y las nuevas reglas de explotación, el recorte para regadío «suele alcanzar una magnitud de un 50%», al pasar de «una media aproximada» de 202 hectómetros cúbicos al año a «apenas 100» en 2027.
En ese escenario, ha advertido de que «las pérdidas de la producción alcanzarán los 870 millones de euros», «se perderán 21.500 empleos» y habrá «una reducción aproximada del 30% de la producción agraria» en la Región.
«Esto no es un impacto asumible, hablamos de una catástrofe para la Región«, ha afirmado, tras insistir en que «no hay término medio» y en que los grupos deben posicionarse «de forma clara» para decir si «defienden el trasvase o se pliegan a los deseos de Pedro Sánchez y sus socios».
La consejera ha enmarcado la situación como «un claro ataque político e ideológico» y ha reivindicado el trasvase como «motor de crecimiento y oportunidades para todo el Levante», además de «garante de la protección medioambiental» en una zona «especialmente árida».
A su juicio, el debate ha ido «más allá de litros o hectómetros» porque ha afectado a «132.000 hectáreas» de regadío, una actividad que «ha aportado más de 3.900 millones al PIB nacional» y «102.000 empleos».
Asimismo, Rubira ha denunciado que el Gobierno central «no ha creído en los trasvases españoles» mientras ha financiado «trasvases de desaladoras y otras infraestructuras hídricas en Marruecos», y ha asegurado que «lo que nos ha quitado a los murcianos se lo ha dado al Gobierno de Marruecos» generando «competencia a nuestros agricultores».