La Formación Profesional Dual obligatoria se pone en marcha al cien por cien a partir del 1 de enero de 2025 y los sindicatos de docentes avisan de que se enfrenta al problema de tener que implantarse en una España donde las micropymes son mayoría.
«Hay que dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que se puedan enganchar porque si no participan, esto va a fracasar», avisa el asesor técnico de UGT, Juan Carlos Morales, que también señala que el gran salto se dará con la diferenciación de la FP especializada, en la que el alumno pasa hasta un 50% de su enseñanza en la empresa y debe estar, además, contratado.
El curso 2024-2025 ha empezado con el nuevo sistema de Formación Profesional Dual obligatorio con cerca de 1,19 millones de alumnos. Los sindicatos de docentes piden una reunión del Consejo de la Formación Profesional (formado por gobierno, sindicatos, patronal y expertos) para ver estudiar la implementación del nuevo sistema.
Alonso Gutiérrez, secretario de Política Educativa e Infancia de CCOO y experto en estudios de Formación Profesional señala que «lo que está claro es que este proceso va a ser muy problemático porque se va a necesitar de una adaptación en los centros educativos y en el mercado laboral». «Es difícil que un alumno pueda hacer el modelo dual cuando más del 56 % de las empresas de España son autónomos», recalca Gutiérrez al incidir en la figura del tutor de empresa que mandata la ley.
«No va a ser fácil. Esto supone un cambio cultural y los cambios culturales son lentos. Será más fácil en empresas grandes ya acostumbradas a dar formación a alumnos», coincide desde UGT Juan Carlos Morales que advierte de que el rol de las empresas cambia «porque ahora son formadoras».
No obstante la nueva Ley de FP apunta a la posibilidad de que varias empresas del mismo sector puedan unirse y compartir tutores, por ejemplo dentro de un mismo polígono industrial. Además, divide en dos tipologías la formación profesional, la general y la intensiva. La primera contempla entre el 25% y 35% del tiempo de formación en la empresa y el alta en la Seguridad Social; y la segunda entre el 35% y el 50% de la formación en la empresa y un contrato de formación recogido en la legislación laboral.
La ley también establece que el proceso de captación de empresas lo hagan organismos e instituciones como las cámaras de comercio, las patronales empresariales o fundaciones especializadas. Se trata de ‘facilitadores’ para que los centros educativos puedan repartir a sus alumnos.