La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha reclamado este jueves un plazo de adaptación para aplicar las nuevas obligaciones del sector en sostenibilidad sin perder competitividad.
El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha inaugurado una jornada en la que se ha analizado la nueva normativa de sostenibilidad, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
García de Quevedo ha destacado que la industria de alimentación y bebidas lleva tiempo trabajando en prácticas sostenibles como el uso de tecnologías de producción limpia, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de los residuos y el uso de energía renovable.
El sector «cumple y supera los objetivos medioambientales de una normativa muy exigente», ha apuntado el director general, que ha lamentado la «excesiva regulación en esta materia».
«Es necesario que las empresas tengan un plazo de adaptación suficiente para aplicar la nueva normativa porque, de lo contrario, se limita su capacidad de inversión y creación de empleo, especialmente en el caso de las pymes, que representan el 95% del sector«, ha asegurado el representante de FIAB.
Para García de Quevedo, España debe «acompasar» sus exigencias a la legislación europea para no perder competitividad empresarial, sobre todo en la industria alimentaria, el primer sector empresarial del país.
La Decisión de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 establece las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en las industrias de alimentación, bebida y leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
El MAPA ha elaborado unas guías adaptadas a cada uno de los sectores industriales alimentarios (azúcar, cerveza, malta, transformados vegetales, productos del mar, carne, lácteos, ultracongelados, vino y cava) en las que ilustra las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la prevención y control de la contaminación.
En la sesión se han abordado cuestiones como las nuevas obligaciones para los productores como las declaraciones medioambientales y la información al consumidor, el proyecto de ley de desperdicio alimentario, el reglamento de deforestación, la energía y el cambio climático, y la normativa de agua y de envases.