El anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales aprobado este martes por el Consejo de Ministros ha tenido una acogida desigual en la Región de Murcia, donde los sindicatos consideran que tendrá beneficios sobre la economía al mejorar las condiciones de los trabajadores, mientras que la patronal alerta del alto coste económico para las empresas.
Así, para el secretario general de CCOO en la Región, Santiago Navarro, la reducción de la jornada es “un paso importantísimo” que acerca España al resto de países del centro y el norte de Europa y viene a actualizar unas condiciones que no se habían modificado en los últimos 41 años.
En su opinión, la medida supondrá un beneficio para todos los trabajadores, mejorando la conciliación y las retribuciones salariales, mientras que no generará ninguna pérdida de productividad para las empresas, sino más bien al contrario, dado el impacto positivo de la medida en las condiciones de los empleados, lo que ayudará a mejorar su eficacia y reducir posibles bajas y absentismo.
Navarro ha recordado que el sector empresarial también se opuso a la subida del salario mínimo interprofesional, “parecía que iba a haber una hecatombe” y, sin embargo, la medida ha generado un crecimiento de la economía española por encima de la media europea, por lo que ha confiado en que, una vez entre en marcha la reducción, desaparezca “el miedo” a la misma.
En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) a nivel nacional, Eduardo Abad, que ha ofrecido una rueda de prensa este miércoles en Murcia en la que ha subrayado que, cuando se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional, la patronal auguró que habría miles de cierres de empresas y de pérdidas de puestos de trabajo, y ha ocurrido el efecto contrario: “La realidad es que tenemos más trabajadores que nunca afiliados a la Seguridad Social, más autónomos que nunca afiliados a la Seguridad Social, y más autónomos con asalariados que nunca”, ha subrayado.
Asimismo, ha defendido que “la productividad no tiene nada que ver con el tiempo de trabajo” y ha lamentado que los avances tecnológicos de los últimos 40 años no se hayan visto reflejados en una menor jornada laboral, por lo que ha defendido que “quedarnos anclados en una situación que obedece a otro siglo eso una disculpa de mal pagador”.
En la Región de Murcia, la nueva jornada laboral afectará a los más de 15.000 autónomos que tienen personal asalariado, principalmente en negocios de hostelería y comercio, y mejorar las condiciones de esos asalariados, ha considerado, ayudará a su “fidelización”, que es el actual punto débil de este tipo de contratos.
Desde la patronal regional, CROEM, sin embargo, confían en que de cara a la tramitación parlamentaria del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el texto pueda sufrir modificaciones, según explica a EFE su secretario general, Ramón Avilés.
La Confederación empresarial está realizando un sondeo entre las sectoriales para calcular el impacto real de esta medida en el tejido productivo de la Región de Murcia, ha indicado, si bien, a nivel nacional, la CEOE estima que el coste adicional de esta medida para las empresas será de 23.000 millones de euros, ya que afectará a unos 12 millones de trabajadores por los que la empresa deberá abonar unos 2.000 euros adicionales.
De hecho, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) ha advertido este miércoles de que la medida supondrá un coste directo a las empresas del sector de 64 millones de euros adicionales al año en la comunidad.
La cifra, subraya el presidente de la organización, Jesús Jiménez, llegaría a los 128 millones de euros anuales si se valora el coste para los empresarios de cubrir esas dos horas y media por trabajador o el de la pérdida de productividad y facturación si no se pueden cubrir esas horas no trabajadas.
Jiménez insiste en que la reducción de la jornada en dos horas y medias semanales equivale a una reducción del 6,25% de las horas trabajadas, lo que supone un impacto directo de unos 1.428 euros por trabajador, y tacha de contradictorio que se rebaje la jornada laboral al tiempo que se amplía la edad de jubilación.