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viernes, 13 de marzo de 2026

La nueva normativa para denominaciones de origen agroalimentarias entrará en vigor el 1 de mayo

El sistema se extiende a vinos y productos agrícolas, más allá de sectores como queso o jamón

El real decreto que modifica el procedimiento de inscripción y gestión de las figuras de calidad agroalimentaria entrará en vigor el 1 de mayo, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma introduce cambios en los trámites vinculados a las denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP) y especialidades tradicionales garantizadas (ETG).

La nueva regulación, aprobada esta semana en Consejo de Ministros, tiene como objetivo reducir los plazos administrativos en los procesos de inscripción o modificación de estas figuras de calidad reconocidas en el ámbito agroalimentario.

Según explicó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el decreto incorpora al ordenamiento jurídico español las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, que regula las indicaciones geográficas en la Unión Europea.

Cambios en los procedimientos y en el control de las figuras de calidad

La norma introduce distintos tipos de modificaciones en los pliegos de condiciones que regulan cada denominación de origen o indicación geográfica, además de establecer un procedimiento específico para la cancelación de estas figuras de calidad, una opción que no estaba prevista de forma expresa en la normativa anterior.

El decreto también actualiza el régimen jurídico de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada, órgano encargado de coordinar las políticas relacionadas con estas certificaciones, para adaptarlo a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, la regulación incorpora la nueva normativa europea sobre la gestión de la oferta de vinos y productos agrícolas con DOP e IGP, un sistema que hasta ahora estaba previsto únicamente para sectores concretos como el queso y el jamón.

La norma también establece criterios sobre la información obligatoria que debe aparecer en el etiquetado de los vinos con DOP o IGP y actualiza aspectos relacionados con el control oficial de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de ámbito supraautonómico.

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