La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta cuatro años de prisión a varios cargos públicos y empresarios implicados en la rama murciana de la ‘Operación Púnica’, por su participación en una red que manipuló contratos administrativos para financiar una operación de reputación personal a través de fondos públicos.
La sentencia impone cuatro años de cárcel al exconsejero murciano Juan Carlos Ruiz, al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, a la exdirectora general del Instituto de Turismo María Dolores Martín, al exjefe de gabinete José Fidel Saura y al empresario Alejandro de Pedro, por delitos de fraude y cohecho.
Además, se condena a un año de prisión a Jesús Norberto Galindo, ex secretario general del Instituto de Turismo, y a Agustín Alonso, mientras que Sara Gargallo y Francisco Javier Bueno, empleados de las empresas implicadas, reciben seis meses de cárcel cada uno.
En el ámbito administrativo, Ruiz, Saura, Martín y Galindo han sido inhabilitados para cargo público durante siete años, como responsables de un delito de prevaricación administrativa.
Contrato de 30.000 euros adjudicado sin publicidad
El eje de la condena es la adjudicación en octubre de 2014 de un contrato denominado «Plan de Comunicación Digital del Instituto de Turismo de la Región de Murcia», por valor de 30.000 euros y tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Según el tribunal, el contrato fue una «licitación simulada» cuyo fin real era la mejora de la imagen política del entonces consejero Ruiz, beneficiario directo de los servicios.
La sentencia califica la operación como un «acto de corrupción», con una «concertación delictiva entre sujetos públicos y privados», dirigida a beneficiar a las empresas EICO y MADIVA, controladas por Alejandro de Pedro y su socio José Antonio Alonso. Estas empresas ofrecían servicios de posicionamiento reputacional y ya han sido investigadas en otras piezas de la ‘Púnica’.
“Esta concertación se estructuró en distintos niveles, con reparto funcional de tareas, según el lugar que cada interviniente ocupaba en la Administración o en el entorno empresarial”, concluye el fallo.
Promotores privados y beneficiario político
El tribunal considera a Ruiz como el beneficiario político de la operación: “principal beneficiario no económico de la operación fraudulenta en cuanto que era el destinatario de los servicios de reputación personal ofrecidos por EICO/MADIVA”.
Por su parte, De Pedro y Alonso fueron definidos como promotores económicos desde fuera de la administración, responsables de replicar este modelo en otras comunidades autónomas y ya implicados en otros procedimientos penales.
Varios absueltos de prevaricación
No todos los acusados han sido condenados. La Audiencia Nacional ha absuelto a Alejandro de Pedro, Sara Gargallo, Francisco Javier Bueno y los hermanos Conesa del delito de prevaricación administrativa, al no quedar acreditado que participaran directamente en decisiones públicas vinculadas a los contratos.