La empresa de alojamiento turístico Airbnb contaba en la Región de Murcia con hasta 2.685 viviendas anunciadas en su catálogo que carecían de licencia o era falsa, según los datos aportados por el Ministerio de Consumo, que el lunes anunció por este motivo una multa de 64 millones de euros para esta compañía, que ya ha anunciado que recurrirá.
Comunidad Valenciana (21.807) y Canarias (12.486) concentran la mayor parte de los pisos turísticos de Airbnb, sancionada por el Ministerio de Consumo, que carecen de un número de registro, mientras que Andalucía encabeza con 3.352 los anuncios que cuentan con un número de registro falso.
Por no tener número de registro, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy identifica 59.229 pisos. Tras las cifras de la Comunidad Valenciana y Canarias, que aglutinan el 58 % (34.293 entre las dos), destaca Galicia (6.897); Baleares (4.289); Murcia (2.685); Cantabria (2.486) o Asturias (2.136), indican desde el Ministerio.
Desde Consumo explican que las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio menos en Madrid, Andalucía y Extremadura. En estos casos, la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es menor que en el resto de comunidades y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso.
Todos los casos son previos a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, que hace obligatorio en toda España el número de registro.
En el caso del número de registro falso, Consumo identifica 5.769 anuncios de Airbnb, en su mayoría en Andalucía (3.352). También destaca Cataluña con 1.455. En Madrid cifra 300, en Canarias 242, y en la Comunidad Valenciana 131, entre otras.
Además, el Ministerio calcula que hay 124 anuncios de anfitrión desconocido y subraya que, en el caso de la ciudad de Madrid, localizó 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales por incumplir la normativa municipal, anuncios que no pudieron ser eliminados por Consumo al tratarse de una competencia municipal.
Resolución firme
Esta resolución es ya firme después de un primer recurso interpuesto por la compañía, aunque la plataforma ya ha anunciado que va a recurrir al asegurar que ha cumplido «en todo momento» la normativa aplicable en España a los alquileres de corta duración y considerar que la sanción es contraria al marco legal español y europeo,
Además, implica dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.
Las infracciones de la normativa de Consumo, identificadas en 65.122 anuncios en Airbnb, son, además de anunciar alojamientos sin licencia, publicar anuncios que indican un número de registro que no se corresponde con los que se utilizan en dichos anuncios turísticos.
Por estas infracciones graves se les impone una sanción de 645 millones de euros, equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento del Ministerio hasta su retirada por la plataforma.
Tras conocer la noticia, la asociación de consumidores Facua celebró la sanción y destacó que se trata de la segunda mayor multa impuesta en España, solo superada por los 108 millones con los que sancionó a la aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair por cobrar recargo por el equipaje de mano.
El Gobierno instó a Aibnb a eliminar de manera inmediata más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas el pasado mes de mayo, después de haberle remitido hasta tres resoluciones en las que se notificaron la detección de los anuncios ilícitos.
España ha vivido en los últimos años una proliferación de pisos turísticos, muchos de ellos ofertados al margen de la legalidad, ya que la legislación actual obliga desde este año a que los pisos turísticos tengan un número de registro para que se puedan ofertar, pero miles de ellos no los tienen.
Esta proliferación ha sido uno de los factores que ha contribuido a la escasez de alquileres residenciales y por consiguiente a la subida del precio de los mismos, según denuncian distintas asociaciones, sobre todo en lugares como las grandes capitales y las zonas costeras.