La Unión Europea ha comenzado las inspecciones obligatorias sobre los sistemas de Inteligencia Artificial utilizados por las grandes empresas para cribar currículos y gestionar promociones internas. Según las directrices de la AI Act de la Comisión Europea, estos algoritmos pasan a ser considerados de «alto riesgo», obligando a las compañías a demostrar que no discriminan por edad, género o procedencia bajo amenaza de multas de hasta el 7% de su facturación global.
El despliegue de estas auditorías responde al aumento de denuncias por «despidos algorítmicos» y procesos de selección opacos. La normativa exige ahora que cualquier decisión automatizada que afecte a la vida laboral de un ciudadano sea supervisada por humanos y cuente con una «caja negra» accesible para los inspectores de trabajo. Las empresas deberán publicar un registro de transparencia donde detallen qué variables pondera su IA para descartar candidatos.
La medida afecta especialmente a las plataformas de gig economy y a las multinacionales tecnológicas que operan en suelo europeo. El Observatorio de Trabajo Algorítmico señala que esta intervención es un paso clave para evitar que el código informático sustituya a la legislación laboral. Se espera que las primeras inspecciones se centren en los sectores de logística y servicios financieros, donde el uso de IA para medir la productividad es más intensivo.
Desde el punto de vista técnico, las auditorías evaluarán la calidad de los datos de entrenamiento para evitar el «sesgo histórico». Si una IA ha sido entrenada con datos de una empresa donde históricamente solo ascendían hombres, el sistema tiende a replicar ese patrón de forma invisible. La nueva normativa obliga a las empresas a corregir estos sesgos antes de que el algoritmo entre en contacto con perfiles reales de solicitantes de empleo.
El impacto económico para las empresas de consultoría de RR.HH. será inmediato, ya que deberán certificar sus herramientas de software ante organismos nacionales. España, a través de la AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial), será pionera en ejecutar estas pruebas de estrés algorítmico, convirtiéndose en el laboratorio de pruebas para el resto del continente en la defensa de los derechos digitales de los trabajadores.