La vendimia francesa sigue recibiendo trabajadores españoles y este año serán unos 13.500 españoles (600 de la Comunidad murciana), los que según el sindicato UGT se desplazarán a vendimiar en tierras galas.
Se trata de número inferior al de otras campañas por el impacto de la sequía en el país vecino y el trasvase de trabajadores a otros sectores en comunidades como Andalucía, considera el sindicato.
El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-Fica), Mariano Hoya, ha presentado las medidas de asesoramiento que ofrecen para garantizar las condiciones laborales de los temporeros.
De los 13.500 que se desplazarán a Francia, según las estimaciones de UGT-Fica, Andalucía será la comunidad con el mayor número de personas (10.150), seguida de la Comunidad Valenciana (900), Región de Murcia (600) y Castilla-La Mancha (400), aparte de los 1.450 trabajadores de las demás regiones.
El sueldo, de entre 1.800 y 2.000 euros de la vendimia francesa, es un buen aliciente. Hoya ha aprovechado el inicio de la campaña para demandar a los empresarios españoles que «se equiparen con las condiciones de los franceses» en vez de quejarse por la falta de mano de obra.
«Si miles de trabajadores se desplazan a un país vecino es porque allí les dan condiciones adecuadas que en su país no se les ofrece», ha apuntado el representante sindical, que ha llamado a los empresarios agrarios a pactar un convenio estatal del campo que homogeneice las condiciones de los trabajadores del sector.
En los últimos meses los sindicatos han convocado protestas y reclamado al Gobierno que promueva el diálogo social con vistas a lograr el convenio estatal, dando así soluciones a los problemas que se presentan en materia de jubilación, salud laboral, salarios y otras cuestiones. «Sin trabajadores no habrá sector agrario por muchos tractores que tengan (los empresarios) y por mucho que se manifiesten en las calles», ha añadido Hoya.
La temporada de vendimia gala suele durar de 20 a 25 días a partir de la segunda quincena de agosto, cuando se realiza en el sur, si bien hay grupos que la hacen de forma temprana y luego se trasladan a zonas con recogida tardía, trabajando entre 40 y 50 días.
El secretario de UGT-Fica ha destacado que, entre las distintas obligaciones que existen, las personas que vayan a Francia no pueden trabajar por debajo del salario mínimo interprofesional de crecimiento, fijado en 11,65 euros por hora.
La jornada laboral en Francia es de 35 horas semanales, y si se hacen horas extraordinarias la mejora salarial es del 25% cuando se realizan hasta 43 horas a la semana y del 50% cuando se supera ese número.
Hoya ha detallado que el número de vendimiadores españoles se ha reducido este año en Francia, en comparación con los 14.000 o 15.000 temporeros que van cada año desde 2015, por el impacto de la sequía, que ha generado un retraso en la campaña del viñedo y que previsiblemente recortará la producción de uva francesa.
A esto se suma el hecho de que en Andalucía se ha producido cierto trasvase del sector agrario al de la construcción, con un nivel de empleabilidad alta y mejores condiciones salariales, según el secretario general.
Prevenir los fraudes en Francia
Para la vendimia francesa, UGT-Fica ha reclamado a los temporeros españoles que nunca se desplacen sin un contrato en origen para evitar fraudes. UGT FICA ofrece asesoramiento socio-laboral a través de un teléfono gratuito (900 382 848), visitas a los lugares de destino y material informativo sobre derechos laborales y salud laboral.
Mariano Hoya ha enfatizado la importancia de exigir el contrato en origen, utilizar transportes autorizados y verificar la alta en la seguridad social francesa.
Miembros del sindicato también se desplazan a Francia para acompañar a los temporeros, explicándoles las obligaciones que tienen que cumplir con ellos los empresarios de la vendimia, como la de tener un contrato de trabajo y unas mínimas condiciones de prevención y seguridad.
Se recomienda a los vendimiadores que busquen un alojamiento porque los empresarios no están obligados a dárselo y que no paguen por las ofertas de transporte o traducción «porque suelen ser fraudulentas», ha señalado la secretaria de Comunicación y adjunta a la secretaría general de UGT-Fica, Lucía García-Quismondo.