Alejandro Arribas se puso hace un par de semanas ante los medios de comunicación para afirmar que su empresa, Cortadone Inversiones, ya era la propietaria del Fútbol Club Cartagena. Y técnicamente lo será (el proceso no tiene posibilidad alguna de marcha atrás, según la documentación existente), pero por decisión propia ha decidido retrasar un par de semanas el acto de “elevar a público” (pasar por el notario) el acuerdo, concretamente hasta que termine la auditoria que se está llevando a cabo en la entidad albinegra para comprobar su deuda real.
Según explican a este medio fuentes cercanas a Arribas, una vez terminada esa auditoría, que debe estar lista -y registrada ante las autoridades competentes- antes del 31 de diciembre, será cuando Arribas dé el paso definitivo, acuda a la notaría y realice la inscripción ante Consejo Superior de Deportes (CSD) como nuevo propietario del club.
El documento privado firmado entre Arribas y los representantes de Duino Inversiones, anteriores propietarios, incluye una cláusula por la que la propiedad cambiará legal y definitivamente de manos en el momento en el que el nuevo dueño decida acudir a la notaría. Las cláusulas del acuerdo también impiden que Fernando Carreño, Paco Belmonte, o cualquier representante de Duino puedan frenar o detener la operación, según las mismas fuentes.
La discrepancia que surgió recientemente acerca de las diferentes interpretaciones del contrato, parten del hecho de que el documento inicial contemplaba un pago a plazos del importe total de la compra del club, y se basaban en que Belmonte y Duino tienen prisa por cobrar los últimos plazos y liquidar la operación cuanto antes, pero Arribas prefiere esperar a terminar la auditoria para comprobar que la deuda del FC Cartagena se corresponde realmente con la expuesta en el contrato privado inicial, en cuyo caso acudiría inmediatamente a la notaría y procedería a la inscripción ante el CSD.
De no coincidir las cifras de la auditoria con las planteadas en el contrato inicial y existir un hipotético exceso de deuda, Arribas trataría de descontar esta cantidad de los plazos restantes del precio a pagar por la compraventa de la entidad.
De este modo, cuando el CSD afirma que no tiene constancia de que se haya producido el cambio de accionariado, es porque Arribas espera a terminar la auditoria para culminar un proceso que, como indica la documentación existente, ya no tiene vuelta atrás, pero que solo concluirá oficialmente cuando el nuevo propietario lo decida.